Alfredo Cristiani, fue el que inició este sistema de «pago» y se replicó en los gobiernos de ARENA y FMLN.
EL SALVADOR.- La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores presentó esta tarde el informe final sobre los funcionarios y las personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores que recibieron sobresueldos de 1989 a 2019, los cuales provenían de la partida secreta de la Presidencia de la República. De acuerdo al informe, en las entrevistas a los citados se determinó que existió la figura de sobresueldos en los gobiernos anteriores y que estos eran llamados de diferentes maneras, como estipendios o bonificaciones, justificando su entrega a funcionarios públicos de ese entonces porque devengaban supuestamente «salarios bajos».
«Nos vamos a encargar que todos estos mañosos, le devuelvan hasta el último a los salvadoreños», dijo el diputado William Soriano. También califico a Cristiani como «el capo de la mafia».
El expresidente Elías Antonio Saca dijo que entre los funcionarios de su gobierno que recibían sobresueldos se encuentran:
Margarita Escobar
Rodrigo Ávila
Luis Mario Rodríguez
Darlyn Meza
Ana Vilma de Escobar
«Este mecanismo de compensación nefasto inició su funcionamiento desde el periodo presidencial de ARENA, con Alfredo Félix Cristiani, manteniéndose así hasta el del FMLN, con Salvador Sánchez Cerén; identificándose además que en cada gobierno se realizaban los debidos ajustes para continuar con la figura del sobresueldos y favorecer a las cúpulas de estos partidos políticos», expresaron.
El informe detalla que el expresidente Alfredo Cristiani calificó como «lícita» la entrega de sobresueldos a exfuncionarios de su gabinete de gobierno. La comisión considera que tal afirmación no es cierta, ya que en ese periodo todavía no existía una ley o manual que estableciera la figura de sobresueldos, estipendios o bonificaciones, todo se realizó bajo la clandestinidad y la discreción del presidente de la República, pues era él quien autorizaba la salida de los fondos públicos.
Por su parte, el expresidente Elías Antonio Saca expresó que habían proporcionado sobresueldos a diferentes personas que conformaban su gabinete de gobierno en el periodo 2004-2009. Manifestó que el encargado de dar esos fondos, en efectivo, era el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix, los cuales eran sustraídos de la partido de gastos reservados.
Añadió que el monto otorgado a los ministros de su gobierno era de $10,000 mensuales, aproximadamente, por el periodo de cinco años que estuvieron al frente del órgano Ejecutivo. Los exfuncionarios, en ocasiones, firmaban un recibo simple y, a veces, no firmaban, solo recibían el efectivo correspondiente al sobresueldo.
El informe subraya que si bien se creó el «Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público» que regulaba los sobresueldos, se debe recordar que este instrumento, por su clasificación, es considerado como de organización, procedimiento o servicios, es decir, no posee el poder normativo para regular de manera general las actividades del Estado, como en este caso es la disposición de los fondos públicos.
En ese sentido, se considera que en aquel momento lo que evidentemente se acreditó es la utilización de la jerarquía normativa a favor de un fraude de ley, fraude al Estado y fraude a la sociedad a través de la legalización con normas carentes de rango de ley.
«A través de la solicitud que hicimos a la Sección de Probidad, se obtuvieron las transacciones bancarias de todos los funcionarios que recibimos en nuestras sesiones de trabajo, como Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca», diputado Soriano.
«Todos estos funcionarios le mintieron a las instituciones que fiscalizaban a los servidores públicos para determinar si se enriquecían ilícitamente. Ellos recibían cada mes depósitos bancarios de hasta $10 mil. El dinero que pudo invertirse en obras fue a parar a las bolsas de esos corruptos», señaló el legislador.
De acuerdo a los parlamentarios se beneficiaron de fondos publicos exfiscales y hasta secretarios de partidos políticos (Rodolfo Parker)
«Este informe seguirá abriendo investigaciones y encontrando culpables», expresó la diputada Marcela Pienda «no les fallamos» «cerramos con mucho orgullo este informe» «me voy satisfecha con el trabajo esta comisíon»
«Le hemos cumplido al pueblo salvadoreño», destacó Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas.
Dicen que es evidente que desde el período de Alfredo Critiano se creó un sistema de «pago clandetino» sin la necesidad de rendición de cuentas y se trasladó a los siguientes períodos presidenciales. «Todo con el fin de comprar voluntades o impunidad para esos amigos, familiares corruptos», destacó Soriano.
Ante estos hallazgos, la comisión emitió dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR). El primero se presentó el 30 de agosto de 2021 y el segundo, el 3 de septiembre del mismo año. El objetivo es que dicha entidad iniciara investigaciones por el posible cometimiento de los delitos ya mencionados.
La comisión recomendó remitir el informe final a la FGR para que continue la investigación, y si fuera el caso, se inicie acción penal y se determine la responsabilidad de los posibles participes en los hechos.
