El Pleno deberá decidir si aprueba la Ley que beneficiará a los servidores públicos pensionados y jubilados que utilizan una plaza laboral en entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas.
SAN SALVADOR.- Los diputados de la Comisión de Hacienda dictaminaron a favor de aprobar la “Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas”, con el fin de brindar un retiro digno y un reconocimiento monetario.
Para estudiar esta iniciativa fue consultado el director general del Presupuesto de Hacienda, Carlos Salazar.
“El pago de esta compensación se realizará en dos cuotas iguales, equivalentes a la mitad del monto total a percibir y el tiempo a transcurrir entre un pago y el otro no será superior a los 30 años”, expuso Salazar.
La compensación económica que se otorgará será calculada con base al último salario devengado y se pagará un salario por cada año laborado o fracción mayor de seis meses de servicio consecutivo en cualquier dependencia del sector público, hasta un límite máximo de 25 mil dólares y ese pago estará exento del pago del Impuesto sobre la Renta y el mismo gozará del beneficio de la inembargabilidad.
De acuerdo a lo abordado en la comisión, lo dispuesto en la ley que será discutida en la siguiente sesión plenaria no será aplicable a los empleados de otros Órganos de Estado ni al personal militar.
Esto abarca únicamente al personal que trabaja en el Órgano Ejecutivo, en los diferentes ministerios, en las entidades descentralizadas no empresariales y en autónomas. No incluye al sector financiero, como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Fondo Social para la Vivienda, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
Respaldo a la Dirección Nacional de Compras Públicas
Los parlamentarios también aprobaron un dictamen para reformar la Ley de Presupuesto 2023, para incorporar el Presupuesto Especial de la Dirección Nacional de Compras Públicas, por un monto de $7,297,024, con el propósito de que dicha institución pueda disponer del crédito presupuestario correspondiente para iniciar con su funcionamiento institucional.
Dicha normativa contempla la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) para que sea el ente rector en contratación pública a nivel nacional, regular la organización, funcionamiento administrativo y financiero.
Los recursos para financiar el presupuesto de la DINAC han sido identificados por el Ministerio de Hacienda, con base a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal.
