En el caso ASOCAMBIO, el jueves inician los alegatos finales de las partes. Los delitos que se les atribuyen a los imputados son cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.
EL SALVADOR.- El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador continúa con el desarrollo del juicio ASOCAMBIO, en el que, se procesa a 14 personas, incluyendo a Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad; al Raúl López, exviceministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Roberto Nóchez, exdirector jurídico del Ministerio de Justicia, por presuntos casos de corrupción al interior de las tiendas penitenciarias.
Este 01 de octubre de 2024, fue entrevistado Raúl Antonio López, exministro de Justicia.
López explicó cómo, según él, se creó ASOCAMBIO y porque se creó: En 2016, la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad hizo una auditoría por cinco años en las tiendas de los centros penales y se encontró que había un «desorden» administrativo, que habían gastos injustificados, concluyendo así que había que «ordenar» y «regularizar» la administración de las tiendas de los centros penales.
Ese informe se envió a la Corte de Cuentas (CCR) y ahí siguieron un proceso de comunicación continúa entre CCR, centros penitenciarios y Ministerio de Seguridad, para regular las tiendas, según el exministro.
En ese sentido, la CCR recomendó crear patronato, fundación y una asociación sin fines de lucro. Por eso se creó ASOCAMBIO, «cumpliendo lo solicitado por la CCR, en 2018», así lo afirmó Raúl López.
Tras la creación de ASOCAMBIO, según López, se estableció un sistema de tributación para declarar los impuestos ante el Ministerio de Hacienda. Previo a esto, todos los empleados de tiendas no tenían acceso a prestaciones de ley, dijo el exfuncionario.
Entonces, lo que se hizo fue mantener el salario a los empleados y se les aumentó proporcionalmente para cubrir las cuotas del ISSS y AFP, «eso es lo que se ve reflejado como aumento en las plantillas laborales», subrayó.
«El dinero que aparece reflejado como malversado, se ocupó para la salud de los privados de libertad, en doctores, exámenes, tratamientos, etc.», aseguró.
Asimismo, ese dinero se ocupó para instalar 93 talleres para la formación de privados de libertad y para ampliar y mejora los recintos penales y disminuir así el hacinamiento carcelario, según López.
«Lo único que se utilizó y fue para los mismos privados de libertad fue el excedente del dinero que les depositaron sus familiares», testificó el exministro López y dijo que, en las cuentas de ASOCAMBIO, quedaron más de $2 millones, «lo que es suficiente para pagar lo que se adeuda según algunos proveedores».
Seguidamente, el testigo dijo que, «todos los peritos puestos por la FGR dijeron que ninguno de los funcionarios recibieron beneficios monetarios de parte de las tiendas institucionales», remarcó.
Por su parte, el abogado defensor del exministro, Erick Ferrufino, dijo que «previo a la institución de ASOCAMBIO, hubo otros exfuncionarios, sometidos a procesos judiciales por la misma problemática (administración de fondos que ingresaban a las tiendas institucionales)».
Entonces, con la creación de ASOCAMBIO a solicitud de la CCR, «lo que trataron ellos fue no caer en la misma situación», sostuvo.
Finalmente, el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que «no hubo ningún testigo, perito, documento o informe que respalde las acusaciones de la FGR».
«Todos los gastos se hicieron para aquello que la ley ya destina, los fondos de tiendas institucionales», declaró,
Tras concluir el desfile probatorio, Pedro Cruz, abogado defensor, informó que el Tribunal sugirió preparar alegatos «más amplios con un tipo penal adicional» e indica que «no existen indicios de ningún delitos de los que ha acusado FGR». En ese sentido, el jueves inician los alegatos finales de las partes.
La vista pública inició el 20 de agosto de 2024. Los delitos que se les atribuyen a los imputados son cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios, supuestamente, cometidos en el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, entre 2018 y 2019.
La acusación indica que estos sujetos crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas, desviaron el dinero destinado a alimentación de presos a la asociación. La Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) se habría apropiado de $510,000.
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