Venezuela y Nicaragua han sido parte de los países con mayor reporte de violación de derechos humanos, según las instituciones internacionales.
EL SALVADOR.- Marisela Ramírez, miembro del Bloque de Resistencia Y Rebeldía Popular, declaró que la forma de gobernar de Nicaragua y Venezuela son basadas en favor de la población y que la del presidente de El Salvador ha sido lo contrario.
«Estamos en un contexto que el presidente tenía su estrategia desde que entró al Ejecutivo. Con respecto al gobierno de Nicaragua y Venezuela, sabemos que la forma de gobernar va orientada a la población, no ponemos a Bukele en el mismo plano, no hay comparación», señaló.
Asimismo, señaló que el bombardeo mediático contra Venezuela y Nicaragua es lo que ha llevado a que se piense que hay una dictadura. «Sabemos que hay intenciones directas del Gobierno de los Estados Unidos por tratar de botar o tumbar un Gobierno que ha tenido avances significativos en tanto al bienestar social», dijo sobre Venezuela.
Pese a sus declaraciones, las encuestas demuestran otra cosa. CID Gallup compartió que solo el 19% de la población está de acuerdo con las labores realizadas por Nicolás Maduro, y el 34% aprueba las labores del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega; mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele recibe un apoyo del 92 % de la población en cuanto a las acciones realizadas en favor del país.
¿Qué pasa realmente en Nicaragua y Venezuela?
Un informe publicado a principios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua documentó evidencias sólidas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.
Según la organización nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, sesenta y cuatro personas continúan detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluyendo el obispo Rolando Álvarez, un firme crítico del gobierno.
Por otro lado, en Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos en 2022, cuatro informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando, incluyendo abusos por servicios de inteligencia, y violaciones de derechos humanos en áreas mineras.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos reconoce que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela y expresa preocupación por los problemas que “siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.
