Según la diputada de Vamos, las reformas aprobadas recientemente, “a nivel jurídico, deberían no existir”.
EL SALVADOR.- La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que los diputados de la Asamblea Legislativa del partido oficial y aliados, han “violentado” la Constitución de la República con la aprobación de las reformas al sistema presidencial. Estos cambios incluyen la ampliación del período presidencial a seis años y la posibilidad de reelección indefinida. Para Ortiz, estos cambios son ilegales e inconstitucionales.
En una declaración hecha este jueves en una entrevista de televisión, Ortiz declaró: “Las reformas son ilegales, son inconstitucionales, de hecho, violan la Constitución de la República”. Según la diputada, las reformas violan el artículo 248 de la Carta Magna, que establece que no se pueden modificar los aspectos relacionados con el sistema de gobierno, como la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
“La Asamblea Legislativa lo reformó (el 248), pero la parte donde dice que todo lo que tiene que ver con el sistema de gobierno, lo cual incluye la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, no se puede reformar”, explicó Ortiz. Para la congresista, estas reformas deberían considerarse “prácticamente nulas”, como si “no existieran”, debido a que no cumplen, a su juicio, con los principios establecidos por la Carta Magna.
Según el artículo 248 de la Constitución de la República, no podrán reformarse, en ningún caso, los artículos que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.
Este es el antes y después del cambio constitucional aprobado por los diputados de Nuevas Ideas y aliados en abril de 2024:
En ese contexto, la diputada ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la reelección presidencial indefinida, señalando que su objetivo es “frenar el avance” de un “intento de perpetuación en el poder” a través de las reformas que “son realmente ilegales”. Según Ortiz, “a nivel jurídico deberían no existir”.
