EL SALVADOR.- El analista político Romeo Auerbach consideró que la mayoría de salvadoreños habría preferido que el expresidente Elías Antonio Saca continuara en prisión, debido a los delitos de corrupción que confesó. No obstante, sostuvo que su excarcelación no es responsabilidad del actual Gobierno, sino el resultado de un proceso judicial iniciado durante una administración anterior.
“La mayoría de salvadoreños quisiéramos que siguiera preso porque no queremos actos de corrupción. Pero esto no tiene nada que ver con el presidente Nayib Bukele ni con el actual fiscal”, declaró en Las Cosas Como Son.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el miércoles la salida de prisión del exmandatario, quien cumplió una condena de 10 años por el desvío y lavado de fondos públicos durante su gestión presidencial, entre 2004 y 2009.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 a 10 años de cárcel y al pago de 260 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil por el desvío y lavado de 301 millones de dólares del erario público. Fue detenido la madrugada del 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Auerbach explicó que la condena de Saca fue resultado de un procedimiento abreviado negociado con la Fiscalía General de la República durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, cuando el fiscal general era Douglas Meléndez. Mediante ese acuerdo, el expresidente confesó los delitos y recibió la pena de una década.
El analista también recordó que, en 2021, cuando Saca había cumplido cinco años de condena, existió la posibilidad de que obtuviera la libertad anticipada. Sin embargo, indicó que el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, se opuso a esa medida, por lo que el exmandatario tuvo que cumplir el resto de la sentencia.
Finalmente, Auerbach sostuvo que las decisiones que derivaron en la excarcelación corresponden al proceso judicial y a los acuerdos alcanzados antes de la actual administración. En ese sentido, señaló que la salida de Saca no debe atribuirse al presidente Nayib Bukele ni al Gobierno actual.
Por su parte, la FGR aclaró que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades vinculadas al caso continuarán bajo custodia del Estado, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.
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