El caso del asesinato de Katya Natalia Miranda Jiménez continúa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras décadas de impunidad en El Salvador.
EL SALVADOR.- El caso de Katya Natalia Miranda Jiménez, ocurrido en 1999, se encuentra actualmente en debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de más de dos décadas de procesos judiciales locales marcados por irregularidades y liberaciones de los imputados. La niña, de 9 años, fue sustraída de la carpa donde dormía con su padre y hermana durante un viaje familiar en la playa Los Blancos y posteriormente encontrada sin vida, con signos de asfixia y violencia sexual.
Benjamín Cuéllar, integrante de VIDAS, señaló en Las Cosas Como Son: “Tengo razones para creer que fue el padre o el abuelo; este caso sigue abierto y necesitamos que la Corte Interamericana haga justicia después de tantos años de impunidad”. Añadió que “el caso de Katya ha estado marcado por procesos judiciales irregulares, liberaciones injustificadas y falta de diligencia por parte del Estado durante más de dos décadas”.
Cuéllar también destacó que “ahora que la Corte Interamericana revisa el caso, esperamos que se haga justicia y se sancione a quienes realmente fueron responsables” y que “este caso no solo exige justicia para Katya, sino que debe servir de ejemplo para que nunca más se repitan violaciones de derechos de niñas y niños en El Salvador”.
Los procesos locales anteriores reflejan estas irregularidades: “En 2000 se abrió un proceso penal contra su padre, abuelo y dos vigilantes, pero fue archivado por falta de pruebas. Un segundo juicio en 2011 derivó en condenas, pero la Corte Suprema anuló el fallo en 2014”. Además, Cuéllar recordó el impacto en la familia: “La madre y la hermana de Katya fueron forzadas a solicitar asilo en Estados Unidos por la ineficiencia y discriminación en las investigaciones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 6 de junio de 2025 el Caso 13.938 ante la Corte IDH, tras recibir la petición en octubre de 1997. En su Informe de Fondo No. 395/22, la CIDH constató que Katya fue víctima de homicidio y violencia sexual, y señaló que el Estado salvadoreño no actuó con la debida diligencia en la investigación, extendiendo injustificadamente los procesos judiciales y afectando a la madre y hermana de la víctima.
La CIDH concluyó que El Salvador es responsable por violaciones a los derechos a garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley, derechos de la niñez, vida, integridad personal y vida privada. Además, solicitó a la Corte que ordene medidas de reparación, incluyendo compensación económica, atención en salud física y mental a la madre y hermana, investigación penal efectiva con perspectiva de género, y fortalecimiento institucional del sistema de justicia para prevenir la revictimización y sancionar a los responsables.
