El ministro Villatoro junto con el fiscal Delgado brindaron sus aportes técnicos ante la Comisión Seguridad, quienes estudian las disposiciones y reformas para continuar con el combate contra los terroristas.
EL SALVADOR.- El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto con el fiscal general, Rodolfo Delgado, brindaron sus aportes técnicos respecto a las disposiciones transitorias especiales para el Procesamiento de Imputados Detenidos en el marco del Régimen de Excepción y las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, ante la Comisión Seguridad.
Las disposiciones son a fin de someter a los acusados a un solo procedimiento penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y las reformas buscan aumentar hasta en una tercera parte la pena máxima impuesta a los líderes de pandillas.
A raíz de las más de 71 mil capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco del Régimen de Excepción, la Fiscalía General de la República, (FGR) ha presentado 3,137 solicitudes de imposición, por ello, según el fiscal Delgado, “surge la necesidad de estas disposiciones transitorias, que buscan ordenar los procedimientos de los detenidos”.
En ese marco, las pandillas estarán agrupadas por las “células delictivas”, lo que permitirá a la FGR utilizar “los mismos elementos de prueba dado sus vínculos”, así lo explicó Delgado, quien propuso que las disposiciones transitorias tengan un plazo estimado de 24 meses para que la FGR presente todas las solicitudes de integración a los jueces de los diferentes miembros de pandillas en una sola causa.
“Estas disposiciones son efectivas porque no se puede abordar convencionalmente con el marco jurídico que tenemos. Necesitamos presentar las pruebas de manera ordenada en contra de cada uno”, declaró Delgado.
Por su parte, el ministro Villatoro ratificó: “Este será un proceso transicional en el que respetaremos los derechos y las instituciones. Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos”.
Seguidamente, Villatoro se refirió a las reformas, “son herramientas necesarias para cualquier Estado moderno, a fin de enfrentar a delincuentes de esta índole”, sostuvo.
Por lo tanto, “pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas”, explicó Villatoro.
Finalmente, el fiscal Delgado enfatizó en que “consideramos necesarias las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, ya que proporcionan mayor claridad de las consecuencias que tendrán que enfrentar los actores mediatos del delito de agrupaciones ilícitas”.
