El presidente Trump ha manifestado su deseo de que el proyecto sea promulgado antes del 4 de julio, fecha simbólica en la que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia.
WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos, bajo control republicano, aprobó este martes un proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump que propone importantes recortes fiscales y de gastos. Este paquete legislativo, que se espera aumente la deuda nacional de Estados Unidos en 3.3 billones de dólares, ha sido avalado por una votación de 51 a 50, con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance. Ahora, el proyecto regresa a la Cámara de Representantes para su aprobación final.
El proyecto de ley incluye varias medidas controversiales, destacando la introducción de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas por los migrantes.
Aunque este porcentaje es menor que el del 3.5% inicialmente propuesto en la Cámara de Representantes, la conciliación entre ambas versiones sigue siendo un tema de negociación. Este impuesto ha generado una fuerte oposición, especialmente entre los demócratas, que temen que la medida afecte a las familias de migrantes que dependen de estos envíos para su sustento.
El presidente Trump ha manifestado su deseo de que el proyecto sea promulgado antes del 4 de julio, fecha simbólica en la que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia.
La votación en la Cámara de Representantes se anticipa reñida, ya que los republicanos solo cuentan con una mayoría ajustada de 220 a 212. El proyecto enfrenta el rechazo de varios sectores, incluidos los demócratas y un grupo de republicanos moderados, que critican los profundos recortes en salud, subsidios para energías renovables y programas de ayuda alimentaria para los más vulnerables.
Uno de los puntos más polémicos de este plan fiscal es el refuerzo de las políticas migratorias de Trump. Se prevé que el proyecto destine decenas de miles de millones de dólares para medidas que endurecerían el acceso a la red de seguridad social y sanitaria, lo que podría afectar negativamente a los ciudadanos más pobres, quienes tendrían que asumir un mayor costo en servicios básicos. Además, se derogaría una parte significativa de los incentivos a la energía verde que fueron establecidos bajo la administración de Joe Biden.
