La normativa modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
HONDURAS. – El Parlamento de Honduras aprobó un paquete de reformas penales antiterroristas que endurecen severamente las sanciones contra las maras, pandillas y estructuras criminales declaradas como asociaciones terroristas. Las medidas contemplan penas de entre 30 y 40 años de prisión para sus integrantes y hasta cadena perpetua para sus cabecillas y financiadores.
Las reformas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) bajo la administración del presidente Nasry “Tito” Asfura, fueron respaldadas por 118 de los 128 diputados del Poder Legislativo. La normativa modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de recuperar la seguridad pública en una nación donde estructuras como la MS-13 y el Barrio 18 concentran unos 40,000 afiliados vinculados al narcotráfico, extorsión y homicidios.
Aspectos clave de las reformas aprobadas:
- Penas contra miembros y líderes: Integrantes de pandillas enfrentarán de 30 a 40 años de cárcel; líderes y financiadores podrán recibir de 40 años hasta prisión perpetua.
- Ataques a autoridades: Sanciones de 8 a 10 años por atentados contra la autoridad y cadena perpetua en casos de homicidios contra funcionarios de seguridad o justicia.
- Propaganda y control territorial: Se establecen penas de 30 a 40 años de prisión por elaborar, difundir o colocar grafitis y mensajes de intimidación o control territorial.
- Procesamiento judicial: Se decreta prisión preventiva obligatoria para procesados por asociación terrorista y se amplía a 48 horas el plazo máximo de detención para la puesta a disposición judicial en delitos graves.
- Sistema penitenciario: Creación de la Fuerza Especial Penitenciaria para módulos de máxima seguridad, implementación de identificación biométrica obligatoria y nuevas restricciones a reclusos de régimen especial.
Las disposiciones entrarán en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, fecha a partir de la cual el Poder Ejecutivo dispondrá de 30 días para adecuar los reglamentos penitenciarios.
