Garantizan reglas de las ofertas públicas y privadas de los activos digitales


Con el objetivo de generar certeza jurídica en el actual mercado de activos digitales, la Asamblea Legislativa reformó, con 66 votos, la Ley de Emisión de Activos Digitales.

A partir de la entrada en vigencia de las enmiendas a la normativa, toda certificación que emita el proveedor de servicios de activos digitales tendrá la calidad de título ejecutivo, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil.

Además, cuando no se pueda proyectar la emisión de los 12 meses de una moneda estable, y sea debidamente justificado, el emisor deberá reportar su proyección inicial con el mínimo de una moneda, así como pagar por esta. Al finalizar el año calendario deberá calcular la emisión neta real de monedas y pagar el monto equivalente al 0.01 % del monto neto ofertado, en ningún caso el monto excederá los US$300 mil.

El diputado William Soriano destacó que El Salvador está entregando a la región un modelo diferente de cómo trabajar con los activos digitales. Agregó que estos cambios a la ley permitirán que se opere de una forma más segura y eficiente.

El parlamentario recordó que la Asamblea Legislativa ha venido trabajando en un marco legal que sea seguro y también que esté a la vanguardia en temas de activos digitales.

Otro de los cambios avalados por los legisladores es que el Banco Central Reserva (BCR) podrá autorizar a los proveedores de servicios de activos digitales el acceso a los sistemas de pago y de liquidación de valores, para lo cual deberá cumplir con la ley, convenios internacionales ratificados por El Salvador y la normativa técnica que dicte el comité de normas del BCR.

Las enmiendas también facilitarán fondos a la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora de Fondos Bitcoins, ya que estas instituciones están encargadas del manejo y la de la aplicación de las reglas de ofertas públicas y privadas de activos digitales.

Según la Comisión Nacional de Activos Digitales, esta última modificación de la ley permitirá transparentar la distribución de fondos de cada institución.