Según el funcionario, la implementación de políticas públicas y criminales enfocadas en reformar diversas leyes ha sido clave para contar hoy con herramientas efectivas.
SAN SALVADOR. – La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una notificación del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, dónde está convocando para el 31 de agosto para conocer el fallo del juicio contra los cabecillas de la MS-13, confirmó el Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
En ese contexto Muñoz, destacó las reformas al ordenamiento jurídico del país que han permitido fortalecer el sistema de justicia y enfrentar de manera directa el crimen organizado y la delincuencia general, desde el inicio de la gestión del presidente Bukele.
Durante una entrevista brindada al periodista Josué Natán Vaquiz, el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado enfatizó que la transformación iniciada en 2019 marcó un punto de quiebre en la administración de justicia en El Salvador. Según el funcionario, la implementación de políticas públicas y criminales enfocadas en reformar diversas leyes ha sido clave para contar hoy con herramientas efectivas.
“Sin estas políticas públicas y criminales, y sin las reformas al ordenamiento jurídico, no habría sido posible combatir frontalmente a las pandillas ni a la delincuencia en general. Hoy contamos con un sistema de justicia fuerte y decidido”, afirmó el representante de la FGR.
Asimismo, al ser cuestionado sobre el impacto del Ejecutivo en estos avances, el funcionario coincidió en que el liderazgo del presidente Nayib Bukele ha sido determinante para impulsar las estrategias que actualmente permiten combatir la criminalidad en todo el territorio nacional.
Fiscalía sostiene que pandillas atentaron contra el sistema democrático al usurpar funciones del Estado
Durante el desarrollo de los procesos judiciales contra estructuras criminales en El Salvador como es el caso del juicio contra los cabecillas de la MS, la Fiscalía ha puesto especial énfasis en la imputación del delito de rebelión, argumentando que las pandillas buscaron crear “gobiernos paralelos” y atribuirse facultades exclusivas del Estado.
El Fiscal Adjunto explicó que durante la audiencia única abierta —equivalente a un juicio— se le demostró al juez cómo estas pandillas suplantaron al Estado mediante cobros ilegales tipo “impuestos” a través de la extorsión e intentando impartir su propia “justicia” en las comunidades bajo su control.
“Estas estructuras llegaron a usurpar facultades del Estado. Las comunidades coaccionadas preferían resolver sus problemas con el ‘corredor de clica’ antes que acudir a la Policía, bajo la imposición de una extrema violencia. Con esto, atentaron directamente contra el sistema democrático del país”, señaló el representante del Ministerio Público.
La representación fiscal sostuvo que cuenta con suficiente prueba para respaldar estas acusaciones y espera que el sistema de justicia aplique un firme reproche penal y sanción contra los liderazgos de estas estructuras criminales.
