Sustentó su petición en más de 100 denuncias presentadas en su contra por supuestos delitos como sedición, traición a la patria y presuntos nexos con el Clan del Golfo.
Durante su visita a Washington, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud de medidas cautelares para su protección y la de su familia ante el supuesto plan organizado por el ELN para atentar contra su vida.
Dicha solicitud, radicada durante el martes 15 de agosto, no solo quedó sustentada en esta supuesta operación orquestada en Venezuela, sino en las “desestimaciones” hechas por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre la inexistencia del mismo. Esto, a pesar “de existir fuentes de carácter oficial que dan cuenta de esta información”, mencionó la Fiscalía en un pronunciamiento.
Además, pidió estas medidas cautelares ante la “campaña de criminalización” en su contra, basada en más de 100 denuncias por supuestos delitos cometidos como sedición, traición a la patria, abuso de autoridad, alianzas con grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y abuso de autoridad, entre otros.
De acuerdo con la Fiscalía, esta solicitud de medidas cautelares abarca una garantía de las condiciones de seguridad de Barbosa Delgado para continuar con el ejercicio de sus labores en lo que resta de su periodo como fiscal General de la Nación que concluye el lunes 12 de febrero de 2024; de manera que culmine con dicho trabajo “sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas”.
También precisó ante la Comisión Interamericana que las medidas, en caso de ser sancionadas también deben ser de su cumplimiento después de que el fiscal abandone su cargo. Sobre las denuncias en su contra por supuestos vínculos con reductos paramilitares, el ente acusador precisó que fue el propio Barbosa Delgado quien se negó a levantar las órdenes de captura contra varios de sus integrantes por pedido del Gobierno nacional.
