Diputados aprueban aumentar el plazo de detención provisional


La cual deberá de ser a la proporción de la pena o medida de seguridad.

EL SALVADOR.- Con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Asamblea Legislativa reformó el Código Procesal Penal, a fin de modificar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional.

Así como, establecer modificaciones respecto de la responsabilidad civil de quienes resulten condenados en un proceso penal, garantizando el derecho de las víctimas en los casos en los que se determine este tipo de responsabilidad.

El objetivo de las reformas es para de modificar el plazo máximo de la detención provisional, para que una persona acusada de cometer un delito no evada la justicia.

El diputado Walter Coto mencionó que “el objetivo es dar herramientas jurídicas a la FGR y a todo el embalaje de seguridad a nivel país, para que haya paz en El Salvador”.

Según el decreto, en la actualidad existen prácticas dilatorias para agotar el plazo máximo de la detención provisional. Con las enmiendas se brindará las herramientas necesarias para que quien deba estar detenido provisionalmente cumpla con los plazos y así no evadan la justicia.

Las modificaciones indican que la detención o internamiento provisional deberá guardar la proporción a la pena o medida de seguridad; y en ningún caso deberá sobrepasar la pena o media máxima prevista en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves.

Sin embargo, no se aplicará esta regla en casos de peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extracción activa o pasiva.

La modificación también señala que para poder establecer el cumplimento del plazo de la previsión de libertad, para efectos de sesión de la medida cautelar, el juez deberá descontar el tiempo de las actuaciones que sean calificadas como prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones que influyan en la extensión del proceso.