El juez federal James E. Boasberg había dictaminado en abril que existía causa probable para considerar a la Administración republicana en desacato por enviar a cientos de inmigrantes a El Salvador.
ESTADOS UNIDOS.- Una corte de apelaciones anuló este viernes el fallo de desacato de un juez contra el Gobierno de Donald Trump por sus vuelos de deportación a una prisión en El Salvador.
La decisión de un panel dividido de tres jueces con sede en la capital del país revierte un fallo del juez federal de Distrito, James E. Boasberg, quien determinó en abril que había causa probable para considerar al Gobierno de Trump en desacato penal a la corte.
Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos nominados por Trump en su primer mandato en la Casa Blanca, coincidieron con la opinión mayoritaria no firmada. La jueza Cornelia Pillard, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama, discrepó.
La decisión acusa al juez Boasberg de haber “abusado” de su poder de manera “especialmente grave” porque los procesos de desacato “conllevan profundas consecuencias de la separación de poderes que exigen el más cuidadoso escrutinio judicial”.
Boasberg había acusado a funcionarios del Gobierno de Trump de apresurar la deportación de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado antes que estos pudieran impugnar su expulsión en los tribunales.
También dictaminó que la Administración republicana había desobedecido de manera deliberada su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos.
El Gobierno de Trump ha negado repetidamente haber violado su orden.
El juez Boasberg ha sido blanco de críticas constantes por parte del presidente y su Gobierno, quien lo ha tildado de “radical de izquierda” y ha pedido su dimisión. El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general republicana Pam Bondi, presentó a su vez a finales de julio una denuncia formal por “conducta indebida” contra el juez.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales. La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a Estados Unidos y a El Salvador de haber sometido a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, las cuales han sido calificadas por Washington como grupos terroristas.
CON INFORMACIÓN DE AP
