La Cámara de Senadores condenó al ahora ex presidente Santiago Peña en una votación que terminó con 44 votos a favor de la destitución.
PARAGUAY.- El Senado de Paraguay aprobó este viernes por unanimidad la destitución de Santiago Peña como presidente de la República, luego de que los legisladores desestimaran el debate y avanzaran directamente a una votación que concluyó con 44 votos a favor de la sentencia política contra el ahora exmandatario.
La decisión del Congreso se produce en el marco de una profunda crisis política y financiera agravada por el colapso del banco digital Ueno, entidad con la que Peña mantuvo vínculos comerciales en el pasado.
Cabe recordar que el exmandatario había presentado su renuncia al cargo el pasado jueves tras la caída de la institución; sin embargo, el Parlamento optó por no aceptarla y decidió continuar adelante con el juicio político hasta definir su destitución.
En los próximos minutos, una comisión bicameral del Congreso Nacional procederá a tomarle juramento a Pedro Alliana para que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo como nuevo presidente de Paraguay.
Conocido como “Mangui”, Alliana es una figura central de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, y uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado. La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe reemplazar al jefe de Estado en caso de destitución o renuncia del presidente.
Pedro Alliana, nacido el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú, acompaña a Peña desde la fórmula que ganó las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Ambos asumieron el 15 de agosto de ese año para un mandato de cinco años.
La crisis que precipitó la salida de Peña se originó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). La autoridad monetaria actuó luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, de acuerdo con los datos divulgados sobre la intervención.
El banco tenía cerca de 3 millones de clientes y gestionaba fondos públicos y previsionales. La situación dio paso a protestas de ahorristas y a una iniciativa parlamentaria que cuestionaba a Peña por presuntos conflictos de interés y otros asuntos asociados al caso.
