La Fiscalía General de la República expuso grabaciones clave que evidencian la planificación de homicidios, el manejo de extorsiones y la estricta estructura jerárquica dentro de la MS-13.
EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) avanzó este día en la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, donde presentó audios que revelan la planificación y ejecución de asesinatos, incluyendo los de un agente policial en San Marcos y un empleado de la unidad de recepción de denuncias en Zacatecoluca.
Las evidencias también demuestran que los pandilleros debían reportar a la ranfla las condiciones en que dejaban los cuerpos de sus víctimas, así como la confirmación del crimen, lo que pone en evidencia el nivel de control que ejercía la estructura sobre sus miembros.
Según la Fiscalía, estas reproducciones dejan al descubierto la dinámica homicida de la organización, cuya comunicación interna estaba orientada exclusivamente a la planificación de asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas.
Pruebas clave y funcionamiento de la estructura
Durante la jornada, la Fiscalía indicó que prevé reproducir al menos 125 audios como parte del proceso, obtenidos mediante técnicas especiales de investigación como intervenciones telefónicas y extracciones de información.
Entre las grabaciones presentadas figura una reunión realizada en abril de 2016 entre cabecillas recluidos en diferentes centros penales, en la que discutían el cobro y distribución de extorsiones, que podrían alcanzar hasta $500,000, fondos destinados a la compra de armas, municiones, vehículos y entrenamiento de miembros.
Los audios también revelan que los homicidios, conocidos dentro de la estructura como “pegadas”, requerían autorización previa, y que ningún miembro podía actuar por cuenta propia. “Solo el barrio puede dar el aval para quitar a un enemigo”, se escucha en una de las grabaciones.
Además, se expone que la organización estaba dividida en zonas —occidental, central, metropolitana, paracentral y oriental— y que las órdenes eran transmitidas incluso mediante manuscritos enviados desde prisión, lo que evidencia la coordinación entre líderes encarcelados y pandilleros en libertad.
Otro de los aspectos clave es que cualquier contacto o negociación con autoridades debía contar con autorización de la estructura, bajo reglas estrictas cuyo incumplimiento acarreaba sanciones internas.
Para la Fiscalía, este conjunto de pruebas busca demostrar que la pandilla operaba como una estructura altamente organizada, jerárquica y con capacidad de coordinar delitos de alto impacto, consolidando así las acusaciones en el proceso judicial contra los cabecillas.
