La cooperativa ACOMATIC de R.L. habría incurrido en el delito de defraudación a la economía pública.
SAN MIGUEL.- El alcalde de Chinameca, José Dolores Mejicanos, presentó este martes una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra la cooperativa ACOMATIC de RL por una presunta defraudación de $3.5 millones de dólares que la comuna tenía ahorrados en dicha institución financiera.
De acuerdo al alcalde y su concejo municipal, ACOMATIC de RL habría cometido el delito de “defraudación a la economía y lavado de dinero”.
“Este día nos hacemos presentes porque nos consideramos víctimas de una cooperativa de la ciudad de San Miguel donde nosotros depositamos dinero y al momento de querer retirarlo encontramos algunas situaciones anómalas”, indicó Díaz Mejicanos.
El edil explicó que el dinero depositado asciende a US$3.5 millones; un millón se depositó desde el 1° de marzo de 2022 a plazo por seis meses, tras el vencimiento del primer contrato se volvió a renovar por otros seis meses del 1° de octubre de 2022 y terminó el 30 de marzo de 2023, en dicho periodo se depositaron $2.5 millones a cuentas corrientes.
“El dinero depositado a cuentas corrientes desde octubre de 2022 se hizo con la intención de poder recuperar intereses que beneficien también a la población. En ese lapso hemos recuperado solo de intereses alrededor de $70,000 que ese fondo nos sirve o lo podemos utilizar para realizar una obra en la comunidad de Chinameca”, señaló Díaz Mejicanos.
Por su parte, el abogado de la alcaldía de Chinameca indicó que ACOMATIC de R.L. habría incurrido en el delito de defraudación a la economía pública
El pasado 24 de mayo, la Fiscalía logró que ocho fundadores y directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito de Trabajadores en el Área Empresarial de Responsabilidad Limitada (ACOTEMIC de R.L.) y de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito ACOMATIC de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (ACOMATIC de R.L. de C.V.), continúen en prisión mientras siguen las investigaciones en su contra.
Según la acusación fiscal, se estima que los imputados movilizaron, ilegalmente, más de $49 millones en el sistema financiero, aprovechándose de sus cargos a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo, ahorros navideños, entre otros, pero de forma ficticia, para beneficio propio o de terceros.
Los imputados simulaban préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado de 15 años, obteniendo un provecho de $300,000 y $400,000. Los hechos ocurrieron entre el 2016 y diciembre de 2022.
Los imputados son procesados por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
