11 personas aspiran a ser el próximo presidente de la CCR; y dos para ser titular de la FGR, incluido el actual, Rodolfo Delgado


En el caso de los perfiles al máximo cargo de la CCR, este día, luego de la sesión plenaria del congreso, pasarán a la Comisión Política para ser recibidos oficialmente.

EL SALVADOR.- El diputado presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que el congreso recibió documentación de 11 personas que aspiran al cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

También, Castro anunció que recibieron dos perfiles de personas que aspiran a ser el titular de la Fiscalía General de la República, incluido al actual fiscal general, Rodolfo Delgado.

En el caso de los perfiles al máximo cargo de la CCR, este día, luego de la sesión plenaria del congreso, pasarán a la Comisión Política para ser recibidos oficialmente y luego se harán las entrevistas, así lo afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa. Los aspirantes a la CCR tenían hasta el 31 de octubre para presentar sus atestados.

Los aspirantes a titular de la FGR, tienen hasta este día para poder postularse al cargo. «Los que todavía no se postulan, aún están a tiempo de hacerlo», instó Castro.

La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del presupuesto de la nación, así como de la gestión económica de las entidades a que se refiere la atribución cuarta del Artículo 195 y los incisos 4 y 5 del Artículo 207 de la Constitución de la República, según la Ley de la CCR.

La Fiscalía General de la República es una institución independiente de los otros Órganos del Estado, con los que colabora en el desempeño de los trabajos públicos; actúa en estricta observancia de la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes, con apego a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y unidad de acción.

A la FGR se le confiere la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad; la denuncia y la acusación ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia de los empleados públicos implicados en delitos; la acción en todos los juicios penales que dan lugar a procedimiento de oficio; la representación del Estado en toda clase de juicios y contratos que determine la ley y la defensa de los intereses fiscales, según la misma institución en su sitio web.