Destaca los avances de El Salvador en la reducción de homicidios y la mejora de la seguridad, así como los desafíos en derechos humanos, tras la implementación del Plan Control Territorial y medidas contra las pandillas.
SAN SALVADOR.- Un artículo elaborado por la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México destaca los avances de El Salvador en la lucha contra las pandillas y la mejora de la seguridad ciudadana.
El análisis explica que, desde la década de 1980, los salvadoreños han vivido bajo un clima de violencia marcado por la presencia de pandillas, la pobreza y la falta de oportunidades. Tras la guerra civil, jóvenes deportados desde Estados Unidos formaron las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), las cuales consolidaron estructuras criminales que aterrorizaban a la población mediante extorsiones, secuestros y asesinatos.
Gobiernos anteriores implementaron programas como Mano Dura (2003) y Súper Mano Dura (2004), que resultaron insuficientes para frenar la violencia. Según el estudio, las cárceles se convirtieron en centros de operación de las pandillas, fortaleciendo su capacidad para delinquir a nivel nacional e internacional.
Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, se lanzó el Plan Control Territorial, con medidas preventivas y acciones enfocadas en debilitar el poder de las pandillas. Entre estas destaca el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023, donde se aplican restricciones estrictas para evitar la reagrupación de los criminales.
El estudio señala que estas políticas han tenido efectos importantes: la tasa de homicidios cayó de 107 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, mientras que la percepción de inseguridad disminuyó de 70.4% en 2019 a 4.3% en 2023, según el Instituto Universitario de Opinión Pública.
No obstante, los autores también advierten sobre los retos en materia de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y condiciones de confinamiento extremas, aunque destacan que la prioridad ha sido proteger a los ciudadanos que durante décadas sufrieron la violencia de las pandillas.
El artículo enfatiza que la paz y la seguridad deben lograrse mediante justicia efectiva y fortalecimiento del Estado, recordando que los ciudadanos no deben normalizar vivir con miedo ni limitar su vida solo para evitar ser víctimas del crimen.
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