Con la anulación del fallo Suiza cumple sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos al acatar la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
SUIZA.- El Tribunal Federal suizo anuló la condena del exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala Erwin Sperisen, quien había recibido una condena de 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de privados de libertad en el centro carcelario Pavón, según un fallo publicado este pasado viernes 20 de octubre.
Con la anulación del fallo Suiza cumple sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos al acatar la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal europeo con sede en Estrasburgo (Francia) condenó a Suiza por la falta de imparcialidad de la jueza que se pronunció sobre el caso. Según la Corte, las observaciones de la magistrada en octubre de 2017 “excedieron la declaración de una simple sospecha” y estimó que la jueza podía tener “una idea preconcebida sobre la cuestión de su culpabilidad”.
También el Tribunal Federal –la máxima instancia judicial suiza– dice que “la causa es transferida a la Cámara Penal de Apelación y Revisión” del cantón de Ginebra para que “retome la instrucción” en el momento en que se encontraba el proceso en octubre de 2017, es decir antes del juicio de 2018.
Sperisen, que tiene nacionalidad suiza y guatemalteca, fue director de la PNC de Guatemala, de donde salió en 2007 para radicarse en Suiza, en la casa de su padre, quien era embajador ante la Organización Mundial de Comercio.
El exfuncionario del país centroamericano fue detenido en Ginebra en 2012 y al final de una largo proceso judicial, la justicia del cantón de esa ciudad lo condenó en 2018 a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 durante una operación para retomar el control de la cárcel de Pavón. Pese al proceso llevado a cabo, Sperisen, nacido en 1970, siempre sostuvo su inocencia.
Los abogados del ex funcionario hicieron notar su satisfacción sobre el proceder de un poder judicial respetuoso de la institucionalidad y el estado de derecho como es Suiza, donde se da cumplimiento a las resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos.
