Para Ortega, las redes sociales no son el medio adecuado para buscar justicia, ya que la divulgación pública del material puede entorpecer los procedimientos legales.
EL SALVADOR.- El consultor legal y de negocios Jaime Ortega advirtió sobre las implicaciones legales que pueden surgir al grabar y publicar videos sin el consentimiento de las personas involucradas, citando específicamente el artículo 26 de la Ley Contra los Delitos Informáticos.
Según Ortega, la ley establece que si un particular graba a otra persona sin su autorización, esta acción podría ser procesada legalmente. “El primer paso que debe dar cualquier persona ante una situación como esta es comunicar: ‘no te he autorizado para que me grabes’. Si la otra persona persiste y continúa grabando, está contraviniendo lo estipulado en el artículo 26 de la ley”, explicó.
El abogado también destacó el riesgo adicional que representa la publicación de estos videos en redes sociales, que podría agravar la situación. “El problema no es solo la grabación, sino la publicación del contenido en las redes sociales. Si una persona graba a otra sin su consentimiento y luego sube ese material a internet, está exponiendo al sujeto a consecuencias legales, especialmente si la persona grabada decide denunciar el hecho en la Fiscalía General de la República (FGR)”, señaló Ortega.
El consultor mencionó un incidente ocurrido el año pasado en Santa Ana, donde un joven grabó a una mujer sin su permiso durante una reyerta. “El joven pudo haber tenido razones legítimas para documentar el hecho, pero el problema fue que publicó el video sin el consentimiento de la señora. Si ella decide presentar la denuncia, el joven podría ser procesado por infringir la ley”, comentó Ortega.
A pesar de las restricciones, Ortega aclaró que la ley permite grabar situaciones que involucren daños al patrimonio o riesgos a la vida, siempre y cuando no se publique el material. “Si una persona está siendo agredida o su propiedad está siendo dañada, es legal grabar la situación para documentarla. Sin embargo, lo que no se puede hacer es compartir el video públicamente. En este caso, lo adecuado sería presentar el video como prueba ante la FGR”, dijo.
Para Ortega, las redes sociales no son el medio adecuado para buscar justicia, ya que la divulgación pública del material puede entorpecer los procedimientos legales. “La mejor vía es acudir a las autoridades competentes y presentar las pruebas ante un tribunal, no utilizar las redes sociales como plataforma de resolución de conflictos”, concluyó.
