A pesar del pronunciamiento del presidente Cortizo un gran número de ciudadanos convocados por el movimiento “Sal de las redes” marcharon pacíficamente.
PANAMÁ.- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que el Consejo de Gabinete aprobó una Resolución que autoriza al Ministro de Comercio e Industrias para que, mediante Decreto Ejecutivo, declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional a partir de hoy.
El mandatario panameño dijo estar abierto a “conversar” sobre el polémico contrato minero para explotar una gran mina de cobre, que ha desatado una oleada de protestas masivas que hoy cumplen cinco días.
“Serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están en trámite”, señaló el presidente Cortizo, quien explicó que está prohibición será efectiva a partir de hoy y procedió a firmar el Decreto Ejecutivo en cadena nacional.

Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
“Como panameño comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica, sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera”, destacó el presidente en su mensaje al país.
El Decreto Ejecutivo establece que quedarán rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos, y el Ministerio de Comercio e Industrias dispondrá el archivo de estos expedientes dentro de un término de tres meses siguientes a su promulgación.
Sin embargo, a pesar del pronunciamiento del presidente Cortizo un gran número de ciudadanos convocados por el movimiento “Sal de las redes” marcharon pacíficamente por la Cinta Costera y la Avenida Balboa contra la Ley N°406 (contrato entre el estado panameño y la empresa Minera Panamá) exigiendo su derogación.
La marcha se extendió hasta primeras horas de la noche y durante la misma los organizadores garantizaron la movilidad urbana y la seguridad para evitar que personas ajenas a las protestas pudieran aprovecharla para realizar actos vandálicos o delincuenciales.