En la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales que vinculan a 22 ranfleros históricos con miles de crímenes, incluyendo asesinatos de policías y civiles.
EL SALVADOR.- Este pasado martes continuó la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, en uno de los procesos judiciales más grandes contra estructuras criminales en El Salvador.
Durante la jornada, se escucharon las primeras pruebas testimoniales que incriminan directamente a 22 ranfleros históricos, señalados de haber ordenado más de 9,000 hechos criminales, entre estos la muerte de 80 policías.
Además, se les responsabiliza de haber ordenado el asesinato de 86 personas durante la última semana de marzo de 2022, bajo una modalidad conocida como “válvulas abiertas”, en la que autorizaban ataques indiscriminados.
Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas presentadas por la Fiscalía, los cabecillas daban luz verde para asesinar a rivales, miembros de la Policía, de la Fuerza Armada y civiles, así como para ejecutar ataques contra puestos policiales e instituciones públicas.
Entre los casos más relevantes expuestos en la audiencia destaca el doble homicidio de dos soldados hermanos en Morazán en 2019, así como un ataque con granada en el Centro Penal de Ciudad Barrios en 2017, el cual fue documentado mediante escuchas telefónicas.
También figura el homicidio de un fiscal de la Unidad de Vida en Usulután, ocurrido el 7 de marzo de 2015, atribuido a órdenes directas de la estructura criminal.
De acuerdo con el Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, entre los procesados se encuentran varios de los principales líderes históricos de la organización.
Los imputados enfrentan cargos por homicidio, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas, rebelión y extorsión, entre otros delitos.
Con la presentación de estas pruebas, el Ministerio Público busca demostrar la estructura, funcionamiento y alcance del aparato criminal, así como su impacto en la población salvadoreña y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas.
En los próximos días, el proceso continuará con la presentación de prueba testimonial, pericial y documental ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
