El Juzgado Segundo de Instrucción giró orden de captura internacional para Paolo Lüers.
EL SALVADOR.- El pasado 03 de noviembre, el Juzgado Segundo de Instrucción envió a juicio a los acusados de negociar con pandillas a cambio de votos, incluido el periodista Paolo Lüers, para quien se giró orden de captura internacional.
Lüers, junto con otros imputados, son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por presuntas negociaciones con las pandillas.
El Juzgado Segundo de Instrucción también pidió la difusión roja a Interpol. El acusado salió del país desde 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambió a la jueza que conocía su causa.
El día que fue enviado a juicio, el periodista de origen alemán escribió en X: «tomando una cerveza en mi país de origen, me entero que el juez Harold Ivan Córdova Solis me mandó a juicio, a pesar de ley, admitiendo pruebas no admisibles».
Este viernes, escribió en X: «estoy en todas partes. En Morazán, en Guate, en Alemania, en México. Next stop: Nueva Zelandia».
En el primer día de audiencia, Lüers publicó una carta y escribió: «no voy a defenderme ante una justicia, que ha perdido su independencia. El poder que reina me ha declarado enemigo, ya que soy adversario y crítico de su gestión».
¿Qué es una notificación roja?
«Es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona», según la Interpol.
¿Por qué son acusados?
La acusación indica que los imputados se habrían reunido con líderes de la MS-13 y del Barrio 18 para, presuntamente, tener apoyo en las elecciones presidenciales de 2014, así como las de diputados y alcaldes de 2015.
La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que los acusados «entregaron sumas superiores a los $400,000, con el objetivo de que los pandilleros y sus familias votaran a su favor, asegurando así su victoria en las contiendas electorales».
