Nueva jornada de protestas en Panamá para rechazar contrato minero, presidente insiste en defenderlo


Los agentes antimotines lanzaron gases lacrimógenos a manifestantes en Ciudad de Panamá y otras ciudades, donde importantes vías están bloqueadas.

PANAMÁ.- Manifestantes bloquearon varias vías en Panamá para exigir la derogación del contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Por segundo día consecutivo, los agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes en ciertos puntos de la capital de Panamá y en otras ciudades.


Al ser una actividad minera a cielo abierto, organizaciones y grupos ambientalistas han expresado su preocupación por los daños que causa al medio ambiente.


Pese a las protestas, el presidente de Panamá mantiene nuevo contrato de concesión minera


El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, justificó este martes la decisión de su Gobierno de sancionar una ley que aprueba un nuevo contrato de concesión minera de cobre, que es motivo de protestas desde este lunes en diversos puntos del país, principalmente en la Ciudad de Panamá, y que han dejado casi 50 detenidos, ambulancias vandalizadas, pérdidas económicas y la paralización de clases.

Según la ley que el Ejecutivo promulgó el viernes, el nuevo contrato con Minera Panamá establece que la empresa deberá pagar una regalía anual de US$ 375 millones, como mínimo, según el valor del cobre en el mercado, y que el pago deberá hacerlo retroactivo a diciembre de 2021. La concesión es por 20 años y la empresa podría solicitar una prórroga por esa misma cantidad de tiempo.

Protestas anteriores hicieron que el Ejecutivo modificara el proyecto de inicial, pero en menos de una semana el nuevo contrato pasó los tres debates reglamentarios en la Asamblea Nacional, fue sancionado por el presidente Cortizo el viernes y ese mismo día publicado en la Gaceta Oficial, convirtiéndose en Ley de la República.


Esto hizo que organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) lo califiquen como un contrato aprobado “a tambor batiente”, y convoquen la movilización, a la que se han sumado grupos ambientalistas, educadores y estudiantes, entre otros. Los detractores consideran que el contrato no representa los mejores intereses para el país y que es perjudicial para el medio ambiente, por lo que piden su derogación.

Ante las protestas, este mismo lunes, Minera Panamá anunció en un comunicado la entrada en vigor de la concesión desde el viernes 20 de octubre y, entre cosas, se comprometió a cumplir con las obligaciones del contrato y a ejercer una gestión responsable de la mina, incluyendo el impacto positivo en la fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente.


Este martes, en un mensaje al país, el presidente Cortizo defendió la decisión de sancionar el contrato-ley, recordando que la relación con la mina existe desde la década de 1990, que la renovación es un tema heredado y que se hicieron las debidas consultas.

“Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño, que garantiza muchos mejores términos y condiciones para el país”, expresó el mandatario.