El hecho ocurre días después de otros raptos y ataques en escuelas e iglesias del país, mientras fuerzas de seguridad realizan un operativo de rescate.
NIGERIA.- Un total de 315 personas —303 estudiantes y 12 profesores— fueron secuestradas este viernes tras un ataque armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, ubicada en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, confirmó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).
El obispo Bulus Yohanna, presidente de CAN en Níger, informó que la cifra fue actualizada tras un proceso de censo y verificación. Las víctimas, estudiantes de entre 10 y 18 años, incluyen tanto a varones como a mujeres.
Tras el ataque, el Gobierno nigeriano ordenó el cierre temporal de 41 internados ubicados en zonas vulnerables.
Otro secuestro en menos de una semana
Las autoridades indicaron que un grupo de “bandidos armados” irrumpió en el internado alrededor de las 2:00 de la madrugada, apenas días después de que 25 niñas fueran raptadas en una escuela del estado de Kebbi y de un ataque contra feligreses en la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde al menos dos personas murieron y 38 fueron secuestradas.
“Este es el momento para que el Gobierno y otras partes interesadas luchen con decisión contra este mal. Esta locura debe parar”, expresó el líder cristiano John Hayab.
Operativo de rescate en marcha
El portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, informó que unidades tácticas, militares y otros organismos de seguridad se desplegaron en la zona y rastrean el área boscosa para dar con los secuestrados.
Una región golpeada por la violencia
Estados del centro y noroeste de Nigeria sufren ataques constantes de bandas criminales dedicadas al secuestro masivo para obtener rescates, algunos catalogados por el Gobierno como grupos terroristas. A ello se suma la actividad de Boko Haram y del grupo escindido ISWAP, presentes desde hace más de una década en el noreste del país.
Las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras crece la presión social para frenar la ola de violencia que afecta a comunidades y centros educativos.
Con información de EFE
