Advierte que la falta de transparencia impide evaluar la sostenibilidad del modelo de reforma, mientras el país enfrenta baja cobertura, un déficit superior al 130% y el uso de deuda previsional para gasto corriente.
EL SALVADOR.- Patricio Pineda, representante del Movimiento por una Pensión Digna, detalló en Las Cosas Como Son Radio el complejo escenario que enfrenta El Salvador para cumplir los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia fiscal y previsional, indispensables para acceder a un financiamiento inicial de 1,400 millones de dólares.
Según Pineda, el acuerdo planteado por el FMI consta de dos grandes componentes: ajustes macroeconómicos y fiscales, y una serie de reformas profundas al sistema de pensiones. Dentro de este segundo eje, el organismo estableció cinco líneas condicionantes que el Gobierno debe cumplir para que la asistencia financiera pueda ampliarse hasta 3,000 o incluso 5,000 millones de dólares.
1. Transparencia total del sistema previsional
La primera condición exige la publicación completa y actualizada de datos estadísticos del sistema de pensiones: número de cotizantes activos, pensionados, distribución geográfica y por género, instrumentos de inversión, destinos de los fondos, rentabilidad real y ponderada, así como la justificación técnica de cada colocación. Pineda afirmó que ninguna de estas publicaciones se ha actualizado, pese a que deberían estar disponibles en los portales del Instituto Salvadoreño de Pensiones, la Superintendencia, Hacienda y el Banco Central.
2. Publicación de un análisis actuarial
La segunda condición es la divulgación del análisis actuarial, equivalente al “diagnóstico” del sistema tras la reforma de 2022, el cual debía estar disponible desde septiembre pasado. Este documento evalúa la sostenibilidad financiera, fiscal y de beneficios con base en la situación actual del sistema.
3 y 4. Revisión y publicación del estudio actuarial
El FMI también exige un estudio actuarial completo, que proyecta escenarios futuros, costos y medidas necesarias para garantizar el pago de las pensiones.
Según Pineda, el Ministerio de Hacienda se comprometió a entregar el documento al FMI para su revisión técnica antes de publicarlo en febrero de 2026. Esto implicaría que la Asamblea Legislativa reciba el estudio en ese mismo mes para iniciar la discusión de una nueva reforma.
5. Aprobación de una nueva reforma previsional en 2026
La quinta condición establece que una nueva reforma de pensiones debe aprobarse a más tardar en junio de 2026. Esta reforma buscaría corregir los desequilibrios de sostenibilidad identificados por el FMI.
Un sistema con déficit estructural
Pineda subrayó que el país enfrenta un deterioro significativo en cuanto a cobertura y sostenibilidad:
- Solo 958,000 personas cotizan, pese a que más de 3.5 millones pertenecen al rango de edad laboral.
- La cobertura entre adultos mayores es del 32%, mientras que la de cotizantes activos apenas alcanza el 27%.
- La pérdida de empleos en los últimos seis años supera el millón de puestos, según encuestas oficiales.
Además, la relación entre ingresos por cotizaciones y pagos de pensiones es crítica: mientras la recaudación anual ronda los 600 millones, las erogaciones superan los 700 millones.
Pineda alertó también sobre el uso de deuda previsional para financiar gasto corriente, algo que el FMI ha cuestionado abiertamente. Citó el artículo 82-I de la Ley de Pensiones, que permite emitir deuda “sin límite y sin análisis de riesgo”.
Propuestas para recuperar la sostenibilidad
El representante del Movimiento por una Pensión Digna planteó varias medidas para fortalecer el sistema:
- Revalorizar los salarios, al señalar que el total de ingresos cotizables (7,000 millones al año) es menor incluso que las remesas.
- Ampliar la cobertura, especialmente entre los trabajadores informales dependientes.
- Reducir la comisión de las AFP en un 50% para financiar subsidios temporales a pequeñas y medianas empresas que formalicen a sus empleados.
- Reformar la inversión de los fondos, permitiendo una mayor diversificación y aplicando la “regla del 72” para duplicar el valor de las cuentas individuales cada diez años.
- Modificar el artículo 82-I para limitar la discrecionalidad en la emisión de deuda previsional.
Finalmente Pineda cuestionó directamente al equipo técnico del FMI por la falta de un informe actualizado sobre el avance del Gobierno en el cumplimiento de las condiciones. “Son ellos los que pondrán los fondos. ¿Por qué no han informado sobre el avance? ¿Por qué no se ha cumplido la primera condicionante de transparencia?”, señaló.
Aseguró que la ausencia de datos oficiales impide que cualquier técnico pueda elaborar un estudio actuarial confiable: “Es como mandar a alguien a la guerra sin fusil, o con un fusil sin balas”.
