EL SALVADOR.- Este martes 8 de octubre, los diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia emitieron dictamen favorable a las Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego, esto luego de realizar mejoras al texto del dictamen.
La primera modificación que hicieron los parlamentarios está el excluir a las personas jurídicas en el artículo 1 de las que apliquen a este beneficio para matricular armas no registradas. “Se suprimen las personas jurídicas, porque no queremos que sea mal utilizado por una empresa de armas, que empiece a comprar armas, que estén sin ningún documento, luego las legalicen y las vendan”, dijo el diputado Caleb Navarro.
En el artículo 6, se hizo la modificación de «que se agregue el requisito de portar una declaración jurada en acta notarial con vigencia de 48 horas y en el caso que exista una requisa, los beneficiarios deberán ser conducidos al registro de arma, para su respectivo registro. La persona que no porte la declaración jurada se le aplicará la acción penal”.
Otras de las modificaciones se encuentran en el artículo 5, para aclarar «que el Ministerio de la Defensa quien tiene la obligación de comprobar que las armas no sean objeto de un hecho delictivo y la facultada de destruirlas cuando sí proceda”; y, en el artículo 9, para excluir «a las personas que cometiere delito por agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado”.
«Quedan excluidas del presente decreto las personas que estén siendo procesadas o se encuentren cumpliendo condenas por cualquiera de los delitos previstos y sancionados en el Código Penal que hayan sido cometidos utilizando armas de fuego y los que hayan sido por agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado», se puede leer en el artículo 9 ya modificado.
La propuesta busca facilitar el proceso de legalización de armas de fuego que no estén registradas, siempre y cuando no hayan sido utilizadas para el cometimiento de ningún delito. Lo que permitirá que el Estado tenga un mejor control y registro de las armas de fuego existentes.
Según los parlamentarios con esta iniciativa, no se está fomentando la adquisición de armas de fuego, lo que se busca es que el Estado tenga control de las mismas porque si se comete algún hecho delictivo, las autoridades podrán dar un veredicto.
Las disposiciones buscan que las personas que posean armas de fuego sin registrar, por 90 días, podrán realizar el proceso respectivo para su legalización.
Otorga facultades al Ministerio de la Defensa Nacional para que ejecute la destrucción de las armas de fabricación artesanal con el objetivo de garantizar el control efecto de parte del Estado.
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