Funcionarios defienden que la normativa cerrará brechas y atraerá inversión, mientras diputados de oposición cuestionan eliminación de controles y límites fiscales.
EL SALVADOR.- La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa continuó con el estudio de la propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas (APP), una normativa que busca actualizar el marco legal vigente y fortalecer la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos en el país.
Durante la sesión, los diputados escucharon la opinión técnica de la directora de Inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Margarita Valdebrán, quien aseguró que la nueva ley representa “un salto de calidad” respecto a la normativa actual y permitirá cerrar brechas en infraestructura, así como mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Además, sostuvo que la legislación brindará mayor seguridad jurídica para atraer inversiones de gran escala, alineando al país con modelos exitosos en la región.
Creación de nueva entidad supervisora
Uno de los principales cambios es la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), que estará adscrita al Ministerio de Hacienda y contará con autonomía técnica.
Esta entidad será responsable de coordinar, evaluar, supervisar y aprobar los proyectos bajo este modelo, además de declarar iniciativas de interés público y emitir lineamientos para su diseño y ejecución.
Asimismo, se detalló que los contratos APP deberán ser autorizados por la Asamblea Legislativa y, de no ser aprobados, el Estado no asumirá compromisos económicos, lo que, según autoridades, brinda garantías en el uso de fondos públicos.
Tipos de alianzas y duración de contratos
La normativa contempla dos tipos de alianzas:
- Autosostenibles, financiadas únicamente con tarifas pagadas por los usuarios.
- Cofinanciadas, que incluyen aportes o garantías del Estado.
También establece que los contratos podrán tener un plazo máximo de hasta 50 años e incluir tanto infraestructura como la prestación de servicios públicos.
En cuanto a los bienes, se prevén modalidades donde estos sean provistos por el Estado o por el sector privado, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
Rol clave del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda tendrá un papel central, ya que evaluará los riesgos fiscales, la capacidad del Estado para asumir compromisos y emitirá dictámenes financieros sobre cada proyecto.
Además, deberá verificar que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de estos contratos, garantizando el cumplimiento de la política fiscal.
Cuestionamientos desde la oposición
El estudio de la ley también generó críticas. La diputada de VAMOS, Cesia Rivas, señaló que se han eliminado disposiciones como límites de inversión y controles fiscales, advirtiendo posibles riesgos para las finanzas públicas y la transparencia.
Asimismo, cuestionó la eliminación de la obligación de rendición de informes dentro de la normativa.
Defensa de la propuesta oficial
En respuesta, el diputado William Soriano aseguró que los cambios buscan eliminar barreras y reducir la burocracia que impedía la ejecución de proyectos bajo la ley anterior, la cual calificó como poco efectiva.
Por su parte, la directora de Inversiones reiteró que el nuevo marco ya incorpora mecanismos de control a través de las entidades creadas en la misma ley, garantizando la evaluación, revisión y validación de los contratos.
La comisión acordó continuar con el estudio de la propuesta en próximas sesiones. También se planteó convocar al presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala. para ampliar aportes técnicos.
Mientras tanto, una moción de VAMOS para incluir a organizaciones civiles en la discusión no fue sometida a votación.
