Javier Hernández respalda acciones contra “La Raza Estudiantil” e indicó que en más centros escolares podrían encontrarse a más jóvenes cometiendo crímenes.
EL SALVADOR.- El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, expresó su respaldo a las recientes acciones del Estado que resultaron en la detención de 48 jóvenes vinculados a la presunta estructura criminal estudiantil denominada “La Raza Estudiantil”. Durante una entrevista en el programa Las Cosas Como Son Radio, Hernández aseguró que este operativo, aunque focalizado en solo cuatro institutos de la zona central, podría ser apenas el inicio de un esfuerzo más amplio.
“La cantidad de 48 es muy pequeña en comparación con la cantidad que vamos a encontrar más adelante”, afirmó, señalando que existen otros centros educativos en los que podrían estar ocurriendo dinámicas similares. Ante esta situación, hizo un llamado a que el Estado continúe con este tipo de intervenciones y refuerce la seguridad en las instituciones educativas.
Hernández también hizo una crítica al marco legal que, según él, limitó por años la capacidad de los docentes y directores para actuar ante comportamientos inadecuados de estudiantes. “Si no tienes una Ley robusta que le dé dientes a los agentes educativos, realmente estás sin nada”, expresó, señalando que en el pasado hubo una defensa excesiva de derechos humanos que “justificaba, toleraba o hacía florecer comportamientos no adecuados a la sociedad en jóvenes adolescentes”.
Ley Crecer Juntos genera algunos vacíos disciplinarios en escuelas
En cuanto a la Ley Crecer Juntos, que regula los derechos de la niñez y adolescencia en el país, señaló que esta coloca la primera responsabilidad en el Estado, seguida por la familia y luego las instituciones educativas. No obstante, indicó que “hay un encuentro de normativas” que ha llevado a despojar a la autoridad docente, lo que ha generado incertidumbre al momento de actuar disciplinariamente.
Advirtió también que la ley puede, en ciertos casos, ser utilizada para justificar irresponsabilidades de estudiantes o padres de familia. “La norma no siempre es un apoyo para el docente o director para aplicar una buena convivencia dentro de los centros educativos”, apuntó.
Hernández recordó que cada centro educativo debe contar con normas de convivencia escolar elaboradas con la participación de la comunidad educativa, en línea con la Ley Crecer Juntos, y que estas son resguardadas por el Ministerio de Educación como herramienta para resolver conflictos.
El presidente de la Asociación planteó que con el régimen de excepción pensó que el Estado podría promover una reforma a dicha ley, especialmente para reforzar el papel de los padres como garantes del cumplimiento del rol estudiantil de sus hijos. “En un futuro puede pasar que se reforme la Ley cambiando algunos artículos que están provocando en los estudiantes no una libertad sino un libertinaje”, concluyó.
