El juez ordenó cancelar a Semilla por supuestamente presentar firmas falsas en su inscripción en 2017.
GUATEMALA.- El juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana dictó una resolución, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en la que decretó la «cancelación definitiva de la personalidad jurídica» del Movimiento Semilla, el partido político del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, a raíz de cuatro sentencias condenatorias por supuestas irregularidades en el proceso electoral, aunque el caso está bajo reserva.
Así, Orellana basa su resolución en la condena a un año de prisión de la exdirectora del Instituto de la Víctima de Guatemala y exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández, quien el pasado 11 de noviembre aceptó haber cometido los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.
Asimismo, en los últimos meses, también aceptaron cargos otras tres personas relacionadas con la misma causa judicial que investiga anomalías en los comicios celebrados el pasado año que ganó el candidato socialdemócrata del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien tomó posesión de su cargo el pasado 14 de enero.
Concretamente, el oficinista del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Alejandro Rueda aceptó haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, al igual que hicieron las trabajadoras del TSE Jennyfer Mireya Estrada y Katherine Johanna Quezada, quienes se declararon culpables del delito de incumplimiento de deberes.
En base a estas sentencias condenatorias y tras citar varios artículos de la Ley del Organismo Judicial, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, el juez Orellana ha enviado sendos escritos al TSE y a la Asamblea Legislativa para informarles de su resolución que ordena la cancelación del Movimiento Semilla, con el fin de que ambas instituciones tomen las decisiones correspondientes.
En el escrito remitido al TSE, le instruye a «proceder de manera inmediata a realizar la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, para lo cual se le concede un plazo de 12 horas».
No obstante, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, recordó al juez que el Registrador de Ciudadanos de esta institución tiene «autonomía en sus decisiones» y, en esta línea, defendió que el Movimiento Semilla «no tiene ninguna infracción» y, por tanto, «está vigente» para el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, insistió en que el Registrador de Ciudadanos «tendrá que tomar las decisiones pertinentes y correspondientes», aunque «el mensaje que estamos mandando a la clase política y a los ciudadanos que quieren formar un partido es que son momentos muy dolorosos para el país».
En cuanto a los 23 diputados que logró Semilla en el Congreso, recordó que «fueron electos por la voluntad popular del voto ciudadano y se tiene que respetar su derecho a ser legisladores», al tiempo que señaló que «nosotros no podemos estar jugando con un cargo de elección popular».
Alfaro lamentó que se está llegando a la misma época cuando en 2023 «pasábamos los momentos más difíciles de la historia de la vida democrática del país», refiriéndose así al día que el TSE tuvo que acatar la orden del juez séptimo, Fredy Orellana, de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla un mes después de que se este partido ganara la segunda vuelta de las elecciones. De esa manera, se cumplió el plan de la FECI que había solicitado al juez inhabilitar esta formación desde que se conoció que pasaba a la segunda vuelta, tras los comicios del 25 de junio.
Todo ello en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por supuestas firmas falsas y rúbricas de personas fallecidas a la hora de constituirse Semilla como fuerza política en 2018. Así, el 12 de julio de 2023, cuando el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta y anunció que Arévalo se disputaría la Presidencia con Sandra Torres, el juez Orellana ordenó la suspensión jurídica de su formación, si bien en ese momento el entonces director del Registro de Ciudadanos de ese organismo se negó a cumplir la orden judicial alegando que iba en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En esa ocasión, la Corte de Constitucionalidad también frenó la orden del juez, a raíz de un amparo provisional de Semilla, lo que permitió a Arévalo postularse a la segunda vuelta, si bien tras ganarla, el TSE tuvo que dar cumplimiento el 31 de octubre a la suspensión del partido ganador de los comicios. La consecuencia directa fue que los 23 diputados que logró Semilla en el Congreso fueron declarados independientes, por lo que no pudieron formar parte de la Mesa directiva, ni de las comisiones, ni pueden tener voz ni voto en la reunión de jefes de bloques.
SEMILLA DENUNCIARÁ AL JUEZ POR PREVARICATO
Este jueves, el juez dio un paso más y ordenó la cancelación definitiva del partido, lo que ha provocado que el diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez anuncie una denuncia contra Fredy Orellana al que acusa del delito de prevaricato, dado que «un juez no puede ni suspender, ni cancelar una formación política».
Así, indicó que solo el TSE puede resolver una cancelación, «pero no fue así», por lo que, según auguró, la resolución de Orellana «no va a tener éxito». De esta manera, criticó que el juez está emitiendo órdenes «en una situación de completa desesperación y ahora sí rebasó cualquier límite», por lo que «va a asumir consecuencias en el sistema de justicia».
Se da la circunstancia de que el juez emitió su resolución solo un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara, a iniciativa del Movimiento Semilla, reformar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para evitar que se puedan suspender partidos políticos. Precisamente, Orellana se basó en esa normativa para ordenar el pasado año la suspensión de Semilla, por lo que esta formación pretendía revertir esa decisión y volver a la vida jurídica en el Congreso, algo que ahora mismo es una incógnita tras la nueva resolución que ordena la cancelación definitiva de este partido.
De momento, Pérez presentó esta tarde un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que «ni el Congreso, ni el Registro de Ciudadanos del TSE se vean obligados a obedecer una resolución ilegal, ridícula e improcedente de Fredy Orellana».
