La extensión en tiempo y espacio del estado de excepción y el aislamiento de reos de alta peligrosidad son dos de las determinaciones del gobierno.
HONDURAS.- Tras la muerte violenta de 46 privadas de libertad este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, determinó implementar una serie de acciones urgentes en materia de seguridad y de control en los centros penales del país.
Luego de extensas reuniones con el gabinete de gobierno, este miércoles, la mandataria dio a conocer 10 medidas tomadas desde el Ejecutivo para retomar el orden en el sistema penitenciario hondureño. Algunas de las acciones serán implementadas de inmediato otras a mediano y largo plazo.
El gobierno hondureño ha anunciado, que ampliará el estado de emergencia, suspendiendo temporalmente algunos derechos constitucionales en territorios adicionales y durante un período prolongado.
Asimismo, se fortalecerá el papel de las fuerzas armadas en los esfuerzos de seguridad a nivel nacional. Estas medidas buscan enfrentar con determinación y eficacia el crimen organizado y las actividades de las pandillas en Honduras.
También, se ha revelado que el gobierno tiene previsto convertir islas ubicadas a cientos de kilómetros de la costa en colonias penales destinadas a albergar a líderes de pandillas considerados «altamente peligrosos». Esta iniciativa busca aislar a los delincuentes más peligrosos de la sociedad hondureña y evitar su influencia en otros centros penitenciarios.
Además, el gobierno de Castro ha destituido a todos los miembros del comité encargado de supervisar la seguridad en las cárceles y ha devuelto el control de 21 de las 26 prisiones del país a la policía militar.
En paralelo, el gobierno ha ampliado el estado de emergencia para incluir áreas adicionales del país. Esta medida ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos.
Según las autoridades, los disturbios registrados en la prisión pueden haber sido una represalia a las medidas implementadas por el gobierno para combatir la corrupción y el control de las pandillas dentro del sistema penitenciario.
