El Gobierno guatemalteco atribuye el ataque a estructuras ligadas al narcotráfico, mientras pobladores aseguran que el conflicto también tiene raíces en una disputa histórica por tierras en Chiquimula.
GUATEMALA.- El Ejército de Guatemala reforzó este martes la seguridad en la frontera con Honduras, luego de una incursión armada registrada el lunes en el caserío San José Las Lágrimas, en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, que dejó un campesino fallecido y al menos 12 viviendas destruidas.
De acuerdo con las autoridades, un grupo de hombres armados provenientes de Honduras ingresó al territorio guatemalteco a bordo de una caravana de vehículos y abrió fuego en la comunidad rural. El ataque obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante el temor de ser asesinadas.
“Nos dijeron que saliéramos los vecinos, que ya no nos querían ver más aquí porque querían posicionarse”, relató a EFE una de las afectadas, Juaquina García, quien aseguró que su vivienda quedó completamente destruida.
La portavoz del Ejército, Pamela Figueroa, informó que se han intensificado los patrullajes a pie y en motocicleta, además de instalar puestos de control y registro en la zona fronteriza. Asimismo, personal militar brindó atención médica primaria a habitantes que sufrieron crisis nerviosas tras el enfrentamiento.
Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó el despliegue de soldados de infantería y fuerzas especiales kaibiles para mantener presencia permanente en la zona y evitar nuevos ataques.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, señaló que la violencia registrada en la frontera está relacionada con actividades del narcotráfico.
“Lo que estamos viendo en las zonas de la frontera es incidencia de violencia ligada a casos de narcotráfico de distinto tipo”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.
Según el ministro Sáenz, la incursión fue realizada por una columna de aproximadamente 20 vehículos agrícolas que irrumpieron disparando contra la comunidad.
Sin embargo, líderes comunitarios sostienen que el trasfondo del conflicto también responde a una disputa histórica por tierras que se remonta a 1980.
“El problema es por unas 12 caballerías que están bajo control del Ministerio de la Defensa y que están siendo adjudicadas por medio del Fondo de Tierras”, explicó Eduardo Noé Sánchez, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo de la localidad.
Los habitantes aseguran que poseen legítimamente las tierras desde 2007, donde cultivan maíz y frijol, mientras una familia local reclama la propiedad mediante titulaciones supletorias.
EFE
