Gobierno de Trump dice que cometió un “error” al deportar a un inmigrante salvadoreño


Kilmar Abrego García vivía legalmente en Estados Unidos, donde le fue otorgada protección hace años, según una demanda de su familia contra la Administración republicana.

ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que deportó a un hombre a El Salvador por un “error administrativo” y lo envió a la megacárcel del país centroamericano, donde está atrapado en un limbo legal, según documentos legales presentados el lunes.

Kilmar Abrego García llegó a Estados Unidos en 2011 procedente de El Salvador y es un residente legal protegido por una orden judicial de 2019 que lo protege de ser devuelto a su país de origen.

Pero, en documentos judiciales presentados el lunes, el Gobierno admitió que “el 15 de marzo, aunque ICE estaba al tanto de su protección contra la expulsión a El Salvador, Abrego García fue expulsado a El Salvador debido a un error administrativo”.

García vive en Maryland con su esposa y su hijo de 5 años, quien tiene autismo y una discapacidad intelectual. La pareja trabaja a tiempo completo, según el expediente del caso. La publicación The Atlantic fue la primera en informar de la deportación.

La expulsión de García se produjo mientras el Gobierno de Donald Trump continúa deportando a cientos de personas a El Salvador, muchas de ellas de Venezuela y casi todas con destino al Centro de Confinamiento de Terroristas de máxima seguridad (CECOT).

La deportación parece coincidir con la salida el 15 de marzo de tres aviones cargados de personas con destino a El Salvador. Los abogados de algunos de los deportados afirman que se les acusó falsamente de pertenecer a pandillas, debido a sus tatuajes.

García, su esposa Jennifer Vásquez Sura y su equipo jurídico presentaron la semana pasada una demanda ante el Tribunal de Distrito de Maryland en la que piden a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que garantice su regreso a Estados Unidos y que el Gobierno deje de pagar a El Salvador para mantenerlo en prisión.

En su demanda del lunes, la Administración Trump afirmó que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para solicitar su liberación.

Imágenes del Gobierno salvadoreño muestran multitudes de hombres con la cabeza rapada que son conducidos por guardias enmascarados al interior de la cárcel más grande de América Latina.

La esposa de García no supo que su marido estaba detenido hasta que lo vio en una imagen de un artículo de prensa con la cabeza afeitada y vestido con un traje blanco, según la demanda. Los hombres estaban arrodillados con los rostros ocultos, pero ella aseguró que vio sus tatuajes y dos cicatrices en su cabeza.

El Gobierno, sin embargo, alegó que García era un “miembro activo de la banda criminal MS-13”, citando a un informante no identificado en una audiencia de fianza en 2019.

Los abogados de García lo niegan enérgicamente y afirmn que el Gobierno “nunca ha presentado un ápice de pruebas que respalden esta acusación infundada”. García abandonó El Salvador huyendo de la violencia de las bandas, según sus abogados, después de que pandilleros amenazaran con matarlo en un intento de extorsionar a sus padres.

El vicepresidente, JD Vance, se refirió al caso y aseveró falsamente el martes en la red social X que García era un “pandillero convicto de la MS-13”. García no tiene condenas penales ni en Estados Unidos ni en El Salvador, según su equipo legal.

El 12 de marzo, tras terminar su turno y recoger a su hijo, García fue detenido por agentes migratorios, y uno de ellos le afirmó que su “estatus había cambiado”, según mostró una demanda de la semana pasada que pide su puesta en libertad.

Los agentes de ICE supuestamente le dijeron que su esposa tenía que recoger al hijo de ambos en 10 minutos o sería entregado a los Servicios de Protección de Menores, según la demanda.

La mujer llegó y encontró a García “confuso, angustiado y llorando”, pero no recibió ninguna explicación sobre su detención, de acuerdo con el expediente.

García fue interrogado y se le preguntó repetidamente si pertenecía a alguna pandilla, pero le dijo a su esposa que tenía que comparecer ante un juez de inmigración y que esperaba ser puesto en libertad. Luego la llamó desde un centro de detención en Texas, donde le contó que estaba a punto de ser deportado, añadió la demanda.

La demanda de García acusa al Departamento de Seguridad Nacional, a ICE y a varios miembros del Gabinete de decidir deportarlo en violación de la ley, con pleno conocimiento de que “El Salvador tortura a las personas detenidas en el CECOT”.

“A decir verdad, lo hicieron a sabiendas y con la intención de que el Gobierno de El Salvador detuviera al demandante Abrego García en el CECOT inmediatamente después de su llegada”, según la denuncia.

La presentación judicial del Gobierno el lunes señala que el equipo legal de García “no ha demostrado claramente la probabilidad de que Ábrego García sea torturado o asesinado en el CECOT”.

La organización de derechos humanos Cristosal informó el año pasado que al menos 261 personas han muerto en cárceles salvadoreñas desde 2022, mientras que grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado hacinamiento y tortura en cárceles salvadoreñas, incluida el CECOT.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios de NBC News.

Está previsto que un juez de Greenbelt, Maryland, analice el caso del Kilmar Arbrego García el viernes. Información Telemundo.