Expresidente del BCR no descarta que el gobierno aplique impuesto predial, ¿lo deben pagar todos los salvadoreños propietarios de una vivienda?

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El impuesto predial es un pago que deben hacer los propietarios de una vivienda. Su propósito principal es brindar recursos a las autoridades para que, con el dinero recaudado, garanticen una buena calidad de vida a los habitantes de un territorio.

EL SALVADOR.- El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, no descartó que el presidente Nayib Bukele, para «sanar» la «mala» economía salvadoreña, dentro del «menú» de medidas, incluya impuestos, considerando la situación fiscal de El Salvador.

«No creo que en el menú esté contemplado el IVA», afirmó Acevedo, agregando que una de las opciones sería el impuesto predial. «Vemos el montón de edificios, apartamentos y casas con valor de más de $250,000 hasta $1.5 millones y se paga cero sobre esos bienes», argumentó.

No obstante, el predial no significa que si un salvadoreño tiene una vivienda de interés social de $50 mil pagará ese impuesto. «No, esa gente quedaría exenta», explicó el economista Acevedo, indicando que se debe determinar el piso sobre el cual se iniciará a cobrar el impuesto.

«El impuesto predial en el mundo no rinde mucho debido a que los sistemas de catastro no son buenos y existe filtración del impuesto», aclaró Acevedo, remarcado que El Salvador es el único país que no aplica este cobro. Sin embargo, como el país es pequeño, «se puede armar un buen sistema de catastro y yo creo que unos $300 millones sí se recaudan», pronosticó.

En el caso de un cobro de IVA, Acevedo instó a que el gobierno salvadoreño se incline por uno suntuario. Por ejemplo, si un salvadoreño puede comprar un Lamborghini, un yate o un Rolex, cualquier cosa suntuaria, «ya creo que puede pagar un IVA de 25 %», dijo.

El Gobierno de El Salvador dejó claro que trabajará por la economía durante los próximos cinco años que estarán a cargo de Nayib Bukele, advirtiendo, al momento de comparar a El Salvador con un paciente, que podría «tomar medicina amarga», sin establecer cuáles sería las medidas económicas que se utilizarían.