Miles de personas inocentes capturadas no han tenido derecho a tener una defensa “transparente” y se les ha imputado delitos sin posibilidades de individualizar los procesos, según Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia Y Rebeldía Popular.
EL SALVADOR.- 36 meses han pasado desde que entró en vigencia el Régimen de Excepción a solicitud del presidente Nayib Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa. Aunque esta herramienta constitucional junto con el Plan Control Territorial han permitido la drástica reducción de los homicidios, salvadoreños denuncian capturas arbitrarias.
Este jueves, Socorro Jurídico Humanitario anunció que al menos 30 mil personas capturadas son inocentes. Las autoridades de seguridad han reportado la detención de más de 80 mil, a quienes señalan de terroristas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que se han liberado al menos a 6 mil personas.
A tres años de que el gobierno salvadoreño puso en vigencia el Régimen de Excepción, la mañana de este jueves, familiares de personas detenidas junto con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, realizaron una marcha para pedir a las autoridades de seguridad que liberen a los inocentes.
Entre los denunciantes, Ana Gloria Velasco solicitó que liberen a su hijo Emanuel Antonio Aldana Velasco, quien fue arrestado el 30 de mayo de 2023, en Ciudad Real, en Santa Ana. “Mi hijo no tiene ningún vicio, nos sorprendimos por el arresto. Lo único que dijo el policía: ‘no se parecen pero le voy a hablar al jefe a ver qué dice’, le dijo al otro agente. El jefe respondió llévenselo, nosotros a hacer la cuota vamos. Desde entonces, no se sabe nada, si están vivos o muertos”, declaró a la prensa este jueves, durante una concentración en la Plaza José Martí en el marco del tercer año de la implementación del Régimen de Excepción.
“Es una barbarie la que está cometiendo el gobierno de tener una política que lo único que ha dejado es graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia Y Rebeldía Popular, quien acompañó la movilización del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
Ramírez dijo que miles de personas inocentes capturadas no han tenido derecho a tener una defensa “transparente” y se les ha imputado delitos sin posibilidades de individualizar los procesos. “Por vivir en una zona específica han recibido criminalización por parte del Estado”, aseveró a la prensa.
