Los abogados de la ACLU están pidiendo a la Corte Suprema que impida que el Gobierno deporte a los hombres recluidos en un centro del norte de Texas.
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) parecía estar preparándose este viernes para enviar a un nuevo grupo de hombres venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador y a su famosa prisión CECOT, incluso mientras abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se apresuraban en las cortes para impedir que el Gobierno siguiera adelante con sus planes.
Este viernes por la tarde, al menos un autobús chárter llegó al Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, una ciudad a unas 200 millas (320 kilómetros) al oeste de Dallas, donde se encuentran detenidos los hombres. El juez federal James Boasberg, que ha estado viendo un caso relacionado con los vuelos a El Salvador, programó una audiencia de emergencia para este viernes por la noche, que tendrá lugar pocas horas después de la llegada del autobús.
Poco antes de que comenzara la audiencia de emergencia, los abogados de la ACLU también solicitaron la intervención de la Corte Suprema. Los magistrados dictaminaron a principios de este mes que la Administración Trump puede seguir adelante con las expulsiones, pero que las personas expulsadas deben disponer primero de un “plazo razonable” para impugnar su detención.
El jueves por la noche, el abogado de la ACLU Lee Gelernt escribió en un texto judicial de emergencia presentado durante la noche que los hombres de Bluebonnet parecían no quedarles mucho tiempo antes de ser expulsados del país.
“Los demandantes han tenido conocimiento de que los agentes de Bluebonnet han distribuido avisos en inglés, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), en los que se designa a hombres venezolanos para su expulsión en virtud de dicha ley, y les han comunicado que las expulsiones son inminentes y se llevarán a cabo esta noche o mañana”, escribió Gelernt en el documento.
A mediados de marzo, la Administración Trump envió a más de 200 hombres desde Estados Unidos a El Salvador, a una megaprisión conocida por sus condiciones brutales. Muchos fueron expulsados sin poder informar a sus familiares ni a sus abogados sobre lo que estaba sucediendo. El Gobierno alegó que todos eran miembros del Tren de Aragua, una banda venezolana que la Administración ha designado como organización terrorista extranjera. Los familiares de varios de los deportados han refutado públicamente las acusaciones en su contra.
A principios de este año, el presidente, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII que solo había sido utilizada anteriormente cuando Estados Unidos ha estado en guerra, y declaró al Tren de Aragua como fuerza invasora. Su Administración ha estado utilizando esa invocación para expulsar rápidamente a los inmigrantes de Estados Unidos.
La ACLU había impugnado inicialmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración en una demanda presentada en Washington, D.C.. El fallo de la Corte Suprema a principios de este mes fue ambiguo, ya que permitió que continuaran las expulsiones en virtud de la ley, al menos de forma temporal, pero también estableció que las personas detenidas bajo la ley deberían poder impugnar las acusaciones de que pertenecen a bandas criminales.
Cuando se le preguntó si las deportaciones desde Bluebonnet eran inminentes, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a NBC News este viernes por la mañana: “No vamos a revelar los detalles de las operaciones antiterroristas, pero estamos cumpliendo con la sentencia de la Corte Suprema”. Información Telemundo.
