Un tribunal panameño confirmó la condena de 10 años de cárcel en contra del expresidente Martinelli por escándalo relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010.
PANAMÁ.- Un tribunal panameño confirmó el martes la condena de 10 años de cárcel en contra del expresidente Ricardo Martinelli por un caso de blanqueo de capitales relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010.
En su decisión, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales también ratificó la multa de 19 millones de dólares que se le impuso a Martinelli en relación al caso conocido como New Business.
El fallo responde a los recursos de apelación que interpusieron los abogados de Martinelli luego de que una jueza lo sentenció a 128 meses de cárcel en julio pasado.
Martinelli, quien aspira a volver a la presidencia en las elecciones del próximo año, puede mantener de momento su campaña, pues la ley establece que aún puede recurrir a la Corte Suprema. Pero, en caso de que se ratifique la sentencia, el intento del populista por volver a la presidencia se vería frustrado.
El exgobernante ha dicho que los procesos penales en su contra son obra de adversarios políticos y se refirió a la decisión de la corte como un intento por distraer a la población en momentos en que tienen lugar fuertes protestas sociales en las que se exige derogar un contrato firmado el viernes para la explotación de cobre en una zona boscosa del país.
“El gobierno, incapaz de manejar inteligentemente la actual crisis social, optó por intentar distraer a los panameños, con un ilegal fallo de 2da instancia que busca invalidar mi candidatura presidencial por Realizando Metas (RM)”, escribió Martinelli en su cuenta X, antes Twitter.
Martinelli gobernó al país centroamericano entre 2014 y 2019, un periodo marcado por grandes obras como la construcción de la primera línea del metro capitalino.
Martinelli fue a juicio acusado de comprar la Editora Panamá América S.A. con fondos ilegales, captando recursos de empresarios y de ejercer presión en varios contratistas del Estado para que aportaran a dicha adquisición.
La compra se llevó a cabo mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales que hicieron transacciones nacionales e internacionales hasta recolectar 43,9 millones de dólares en una cuenta perteneciente a la sociedad New Business Services Limited en un banco offshore, en 2010.