El tribunal, de mayoría conservadora, da la razón parcialmente al Gobierno en su intento por limitar el alcance de los mandatos judiciales que paralizan cautelarmente sus medidas.
EE.UU.- La Corte Suprema autorizó este viernes al Gobierno de Donald Trump a tomar medidas para implementar su polémica propuesta de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento.
El máximo tribunal se pronunció sobre la mociones de emergencia presentadas por el Gobierno de Donald Trump sobre el caso contra su orden ejecutiva para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero no entró a valorar el fondo del asunto sino que se centró en la petición del Ejecutivo de restringir el alcance de los mandatos judiciales cautelares (como los que han bloqueado temporalmente esa orden ejecutiva).
El tribunal, con una mayoría de seis magistrados conservadores frente a tres progresistas, respaldó la petición del Gobierno, pero sólo si las órdenes judiciales son más amplias de lo necesario para ofrecer alivio a todos los demandantes con derecho a demandar”.
Este dictamen, en cualquier caso, afectará al caso de la ciudadanía por nacimiento, puesto que puede limitar el alcance del bloqueo impuesto por tres tribunales a la entrada en vigor de la orden presidencial que quiere acabar con este derecho.
La Enmienda 14 de la Constitución consagra que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadana, lo que aplica también a los hijos de los migrantes indocumentados o de aquellos que estén en el país con una visa de turistas o de estudiante, por ejemplo.
Tras regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero con la que buscaba acabar con este derecho a partir del 19 de febrero. Consideraba que el texto de la enmienda, en particular lo que significa ser una persona “sujeta a su jurisdicción”, ha sido malinterpretado por las cortes desde que fue ratificada en 1868.
La intención de la orden era negar la ciudadanía a las personas nacidas en el país “cuando la madre está ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento”, o si la madre está en Estados Unidos en el momento del nacimiento de forma legal pero temporal, como con una visa de estudiante, trabajo o turista, y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal.
La orden ejecutiva de Trump fue recurrida ante la justicia tras la firma presidencial. La principal demanda fue interpuesta por cinco embarazadas con los grupos de defensa de inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project. Pero hay otra demanda interpuesta por 22 estados gobernados por los demócratas.
En total, tres jueces de distrito ordenaron bloquear la orden de forma cautelar hasta tener una sentencia definitiva. El Gobierno recurrió con solicitudes de emergencia a la Corte Suprema, pero no lo hizo centrándose en su orden ejecutiva sino tratando de limitar el poder de los jueces para emitir dictámenes cautelares con alcance nacional, asegurando que se extralimitan.
La Corte Suprema escuchó los argumentos de ambas partes el 15 de mayo. Durante más de dos horas, debatieron a veces de forma acalorada diversas maneras de limitar el número de bloqueos judiciales que se emiten a nivel nacional; en el tema específico de la ciudadanía por nacimiento, la mayoría pareció sin embargo considerar que tal enfoque podría haber estado justificado, especialmente en casos presentados por los estados.
