Los gobiernos integrantes del Escudo de las Américas emitieron una declaración conjunta en la que pidieron respetar los resultados oficiales de las elecciones en Colombia.
EL SALVADOR.- Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron este viernes una declaración conjunta en la que manifestaron su “profunda preocupación” por recientes declaraciones y acciones que, a su juicio, ponen en duda la integridad del proceso electoral en Colombia.
En el comunicado, los países señalaron que existen pronunciamientos y decisiones que, “sin fundamentos debidamente sustentados”, generan incertidumbre sobre el desarrollo normal de la transición institucional en ese país.
Los firmantes subrayaron que, en una democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes constituye el único fundamento de legitimidad del poder público. Asimismo, advirtieron que desconocer los resultados proclamados oficialmente representa un grave desprecio a la voluntad popular y a los principios del Estado de Derecho.
La declaración también rechaza cualquier acción, declaración o decisión orientada a deslegitimar el mandato otorgado por los ciudadanos, desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales competentes u obstaculizar el proceso de transición entre gobiernos, conocido en Colombia como el proceso de empalme.
Los gobiernos enfatizaron que la transición institucional no es una concesión política, sino un deber constitucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.
Finalmente, hicieron un llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen con estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos, respeten los resultados oficiales de las elecciones y aseguren una transición pacífica, ordenada y transparente, conforme a los más altos estándares del Estado de Derecho.
