La FGR tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción.
EL SALVADOR-. La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor y tres en contra, reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado con el objetivo de priorizar la persecución de las estructuras criminales como una entidad continua y establecer reglas procesales para el agrupamiento de las estructuras y su enjuiciamiento.
Este cambio responde a la complejidad de los casos, donde existe un número elevado de imputados y una constante incorporación de nuevos miembros. En ese sentido, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, destacó que las pandillas representan “un enemigo directo para El Salvador”.
La reforma obedece a que las disposiciones transitorias especiales en el Decreto 803 que prolonga por 24 meses la detención de personas bajo el régimen de excepción.
Por lo anterior, se establece un modelo de gestión de audiencias que permitirá a los jueces determinar la participación de cada imputado según su vinculación con la estructura criminal. Las audiencias permanecerán abiertas mientras haya miembros pendientes de ser juzgados, garantizando los derechos procesales.
También se reforma el artículo 17, estableciendo que si la FGR no presenta acusación dentro de los 24 meses, el juez intimará al fiscal superior, y si este no responde, dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar.
También, se amplía el plazo a dos años adicionales para que la FGR pueda concluir las investigaciones de los detenidos bajo el régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022. Esto se debe al alto volumen de detenciones realizadas desde entonces. En total, la FGR tendrá hasta cuatro años para presentar los casos ante el tribunal.
Este cambio facilitará, según el diputado Caleb Navarro, que los más de 88,750 detenidos vinculados a pandillas sean procesados por 44 jueces en casi 600 juicios pendientes.
“Esta reforma viene a asegurarle al salvadoreño que las pandillas no van a salir a las calles nuevamente a delinquir”, afirmó Navarro.
Previo a esta probación, Rodolfo Delgado defendió que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el tiempo establecido y aseguró que se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas acusadas.
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que estas reformas son el reflejo de la “incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia en El Salvador. En más de dos años no han hecho lo que les corresponde, investigar bien los casos”, declaró.
El diputado de ARENA, Francisco Lira, dijo que personas inocentes podrían pasar hasta dos años son juicio. “Con esto, miles de personas inocentes detenidas bajo el régimen, con cartas de libertad, podrían ser condenadas sin tener una defensa real”, subrayó.
