El Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción.
EL SALVADOR.- La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, una normativa que faculta al Ministerio de Vivienda a gestionar y emitir permisos para la instalación de infraestructura pasiva de telecomunicaciones y para proyectos constructivos calificados como de interés social.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que el objetivo es agilizar la expansión de infraestructura clave, como torres de telecomunicaciones, y facilitar la ejecución de proyectos habitacionales destinados a sectores de bajos ingresos.
Según el decreto, el Ministerio de Vivienda podrá asumir la gestión de trámites cuando las municipalidades, asociaciones municipales u oficinas de planificación no cuenten con las capacidades técnicas requeridas. En estos casos, dichas entidades no podrán exigir otros permisos, salvo que el propio ministerio lo determine.
La nueva normativa establece que Vivienda será responsable de emitir permisos para construcciones menores a 250 metros cuadrados, así como para instalaciones de infraestructura pasiva, en ausencia de capacidades locales. También se encargará de emitir autorizaciones para la calificación del lugar, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial, parcelación, permiso de construcción y recepción de obras en proyectos de interés social.
Los proyectos bajo esta categoría estarán exentos de presentar solvencia municipal y recibirán una reducción en las tarifas registrales.
También, el Ministerio de Vivienda tendrá facultades para realizar inspecciones y suspender obras que no cuenten con la autorización correspondiente. Asimismo, se establecen sanciones por infracciones a la normativa y se considera infracción grave, dificultar la verificación de la institución, mientras que iniciar obras o instalar torres sin permiso se clasifica como infracción muy grave. Las multas oscilarán entre el 1 % y el 10 % del valor de la obra, según la gravedad.
En ese sentido, el Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción menores a los 250 metros cuadrados si la cartera de Estado determina que la municipalidad no tiene capacidad.
El decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
