Dictamen favorable a la iniciativa que permitirá simplificar y agilizar los procedimientos de intervenciones en infraestructura educativa


Con el objetivo de promover y fortalecer el sistema educativo a nivel nacional.

EL SALVADOR.- La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable con relación a ley de disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pago de obras y bienes y servicios para infraestructura educativa.

El ministro de Educación, Mauricio Pineda explicó que la iniciativa busca simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, así como la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines.

Con el objetivo de promover y fortalecer el sistema educativo a nivel nacional, “implementando mejoras en las instalaciones y optimizando los recursos disponibles para crear un ambiente más adecuado para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes”.

Proyectos que incluyen diseño, construcción, adecuación, mantenimiento remodelación, ampliación, rehabilitación, intervenciones de emergencia, reparación o restauración de infraestructura educativa oficial a nivel nacional.

Las empresas serán tomadas en cuanta por:

  • Experiencia: se prioriza a contratistas con experiencia comprobada en proyectos estatales. También se incluyen personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales que hayan demostrado celeridad y compromiso.
  • Agilidad: la adjudicación se simplifica a la comunicación y aceptación del contratista.
  • Formalidad: se mantiene la formalidad con la emisión de firmado por la autoridad.

El titular de Educación mencionó que las instituciones públicas actúan independientemente, pero colabora. entre sí para cumplir la ley. La colaboración puede ser técnica, administrativa o financiera.

  • Pagaré obligatorio: se requiere un pagaré de hasta el 100% del monto del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
  • Otras garantías: se aceptan cheques certificados y otros títulos valores, incluso de terceros, como alternativas al pagaré.
  • Verificación: la Unidad de Compras Públicas verifica la lega garantía; la falsedad anula el contrato y se denuncia a las autoridades

Se pueden prorrogar o modificar contratos por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o interés público, mediante resolución razonada.

Se permite la retroactividad de actos administrativos en adquisiciones y contratos para beneficiar al interesado, siempre que no perjudique a terceros y existan los supuestos necesarios.

La iniciativa plantea exenciones:

Exención de IVA: exención total del impuesto a la transferencia d bienes muebles y servicios, tanto en compras locales como importaciones.

  • Exención de importación: exención total de impuestos, aranceles y gravámenes a la importación de maquinaria, equipos y materiales necesarios para los proyectos.
  • Exención total: exención total de todo impuesto, arancel y gravamen relacionado a adquisiciones, compras y contrataciones para el desarrollo de los proyectos.
  • Prevalencia: la ley se aplica sobre cualquier otra ley contradictoria.
  • Vigencia: el decreto tiene carácter de orden público y estará vigente por dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial.

“Comprendemos que la estructura de contratación ha sido bastante difícil poder dar este empuje que necesitan los procesos para poder ver en el mediano o corto plazo una transformación total de mucha de la infraestructura escolar del país”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, William Sorino.

Varias empresas presentaron fianza falsificada

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, dijo que habían detectado algunas empresas presentaron fianza falsificada:

“No es que esto nos saltamos toda la legalidad, sino como todo proceso es la unidad de compras públicas la que se va a encargar de verificar la legalidad de las garantías presentadas, legalmente sabemos que un pagaré o un cheque certificado puede hacerse efectivo para resarcir algún daño o algún incumplimiento. Por lo tanto, es esa unidad la que va a estar vigilante y en el caso que se detecte alguna anomalía o falsedad en estos documentos, la orden de compra o el contrato va a quedar sin efecto inmediatamente”, dijo el funcionario.

Agregó: “La ventaja es que ya no vamos a tener que esperar 9 meses para lanzar la licitación por los tiempos que todo esto lleva, sino que esto nos damos cuenta, así como nos dimos cuenta de estas dos o tres, tres o cuatro que andan por ahí, queriendo vernos en la cara y que ahora tienen que enfrentarse la fiscalía, igual nos vamos a dar cuenta acá y estas van a ir al proceso”.

“Nosotros no hacemos más cosas que emitir un aviso a la fiscalía y a al ente interesado, en este caso el que emitió esa Fianza. Desde el momento en el que la detectamos va y la Fiscalía entra en acción y ese proceso es anulado, pero al siguiente día nosotros vamos a poder comenzar ese proceso nuevamente, ya no tenemos que esperar todo el tiempo que ahora nos tocan”, mencionó.

El ministro de Educación indica que había 2,500 centros escolares ubicados en instalaciones que no eran propiedad del Estado. Según ministro Pineda, se ha reducido esa cifra y quedan pendientes de pasar al Estado alrededor de 800.

También aprobaron dictamen favorable a la reforma a la ley del Presupuesto 2025, para incorporar al presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), 157.7 millones de dólares, para continuar las obras del Aeropuerto del Pacífico y mejoras en el Aeropuerto del Ilopango.

Los recursos servirán para pagar estimaciones presupuestarias y contratación del lado tierra de la obra, explicó el representante de CEPA. Los recursos provienen del contrato de préstamo por $320 millones que anteriormente fueron asignados por el CAF.