La Cámara de lo Penal ratificó penas de hasta 30 años de prisión contra tres altos mandos militares, al confirmar su responsabilidad en el crimen de cuatro comunicadores ocurrido en 1982.
EL SALVADOR.- La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro confirmó las condenas contra tres altos mandos militares salvadoreños por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, cerrando así un proceso judicial marcado por décadas de impunidad.
Aunque cada acusado recibió una pena de 60 años —15 por cada víctima—, la legislación vigente en la época limita el cumplimiento efectivo a un máximo de 30 años de prisión. Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, José Guillermo García y Mario Adalberto Reyes Mena.
Responsabilidad de altos mandos
El tribunal determinó que los tres son responsables bajo las figuras de autoría mediata y comisión por omisión, lo que permite sancionar a quienes, desde posiciones de mando, ordenaron o no evitaron el crimen. Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen, periodistas que documentaban el conflicto armado en el país.
La sentencia también impone inhabilitación absoluta, lo que implica la pérdida de derechos civiles y políticos durante el cumplimiento de la condena. Además, se estableció que podrán cumplir la pena en el Hospital Bautista si cuentan con recursos económicos; de lo contrario, serán enviados a un centro penal.
Tribunal descarta nulidad y valida pruebas
En su resolución, la Cámara rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas, que alegaban falta de pruebas y posible sesgo del jurado. El tribunal concluyó que existían pruebas documentales, peritajes y testimonios suficientes que confirman que el ataque fue planificado y deliberado, descartando que se tratara de una acción legítima en el contexto del conflicto armado.
Uno de los elementos clave fue el testimonio de un sobreviviente, quien aseguró que los periodistas no podían ser confundidos con combatientes debido a su apariencia y equipo de trabajo, lo que refuerza la tesis de una ejecución premeditada.
Un crimen que marcó la historia
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 1982, cuando los comunicadores fueron emboscados por una patrulla militar mientras intentaban ingresar a una zona bajo control guerrillero. El caso permaneció impune durante más de cuatro décadas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad en El Salvador.
La sentencia también detalla el rol de cada condenado: Morán Reyes habría iniciado la persecución desde la Policía de Hacienda; Reyes Mena, como comandante en la zona, tuvo control sobre la operación; y García, como ministro de Defensa, no actuó para prevenir el crimen pese a tener conocimiento.
Alcances de la sentencia
En cuanto a la reparación civil, la Cámara revocó parcialmente la sentencia original al eliminar la orden de un pronunciamiento público de perdón por parte del actual comandante general de la Fuerza Armada, al considerar que el Estado no fue debidamente incorporado en ese aspecto del proceso. No obstante, se mantiene la obligación de los condenados de responder civilmente ante las familias.
El fallo sienta un precedente clave al establecer la responsabilidad penal de altos mandos por crímenes cometidos durante el conflicto armado, reforzando el principio de que estos hechos no pueden quedar en la impunidad.
