Las enmiendas buscan ordenar el crecimiento de la energía solar, definir precios justos y reducir la dependencia de combustibles fósiles
EL SALVADOR.- La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió dictamen favorable a una propuesta de reforma a la Ley General de Electricidad, con el objetivo de garantizar una adecuada coordinación entre los proyectos de generación distribuida y el mercado mayorista de energía eléctrica.
Las modificaciones plantean establecer un marco normativo más claro para la generación distribuida, es decir, aquella energía producida por pequeños generadores —como sistemas solares— conectados directamente a las redes de distribución.
Previo a la aprobación del dictamen, los diputados escucharon la opinión técnica del director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, quien explicó que la iniciativa busca corregir vacíos regulatorios, especialmente en la definición de precios, los cuales actualmente se establecen mediante contratos bilaterales entre generadores y distribuidoras.
Álvarez destacó que esta modalidad ha crecido de forma sostenida en el país, alcanzando los 553 megavatios instalados, lo que evidencia la necesidad de reglas claras para su desarrollo. En ese sentido, la propuesta incluye la creación de un mercado minorista de energía que permita regular las transacciones en redes de distribución y complementar el mercado mayorista.
Asimismo, se contempla la implementación de un sistema de medición comercial regulada, que permitirá conocer con precisión cuánta energía se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo ese costo se traslada a la tarifa eléctrica.
El funcionario señaló que, actualmente, los precios de la generación distribuida se calculan tomando como referencia el costo de generación con búnker o diésel, que puede duplicar el de tecnologías como la solar. “Generar con diésel puede costar alrededor de $100 por megavatio, mientras que con energía solar ronda los $50. Si se utiliza más energía solar, el costo total disminuye y eso se reflejará en la factura de los usuarios”, afirmó.
También advirtió que la falta de regulación ha provocado ausencia de roles definidos, control limitado de los recursos en distribución y falta de mecanismos para el tratamiento de excedentes de energía.
La iniciativa busca, además, evitar el desperdicio energético mediante un mejor monitoreo del sistema. “Es necesario saber cuánta energía se genera y cuánto se inyecta para evitar vertimientos y optimizar el uso de los recursos”, explicó Álvarez.
Mayor supervisión del sistema eléctrico
Las reformas incluyen nuevas disposiciones para fortalecer el control técnico y operativo del sistema eléctrico, entre ellas:
- Regulación de los procesos de interconexión y acceso a la red
- Seguimiento y trazabilidad de proyectos ante el creciente interés en energías renovables
- Estudios técnicos obligatorios para garantizar la capacidad de la red
- Monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida
- Integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía
Además, se refuerza el rol de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que será responsable de autorizar interconexiones, definir cargos y realizar estudios sobre la capacidad máxima de integración de estos proyectos.
Las empresas distribuidoras también deberán cumplir nuevas obligaciones, como reportar periódicamente información sobre interconexión y proporcionar datos técnicos clave para la planificación del sistema eléctrico.
