Chile emite órdenes de captura internacional por asesinato de exmilitar venezolano

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El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, afirmó que no se ha podido ubicar el paradero de las dos personas de nacionalidad venezolana.

CHILE.- Chile emitió órdenes de captura internacional contra los sospechosos de haber secuestrado y asesinado a un exmilitar refugiado venezolano Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro, en un caso que conmocionó a la opinión pública y generó fuertes reacciones políticas.

La ministra del interior chilena, Carolina Tohá, confirmó la emisión de las peticiones de aprehensión antes de participar en una sesión especial del Senado que abordó el tema del secuestro de Ojeda, un suceso que se volvió controversial por las reacciones de todo el arco político chileno ante la hipótesis de que en el asesinato del exteniente venezolano pudiera haber un móvil político.

Tohá indicó en su intervención ante el Senado que la investigación, de carácter reservado, tuvo como objeto primero proteger la vida del secuestrado y en segundo lugar no dar información que pudiera dar ventaja a los perpetradores del crimen.

En esa línea, cuestionó las filtraciones de la prensa, que informan en las últimas horas que los dos principales sospechosos del secuestro, vinculados a la organización criminal transnacional venezolana El Tren de Aragua, se encontrarían desde hace varios días fuera del país.

Esto después de que se hiciera seguimiento a sus celulares que los ubicaban en las regiones del norte de Chile, por donde existe una frontera porosa con Bolivia y Perú, que es difícil de controlar para las autoridades chilenas y por la que ha pasado la migración irregular en los últimos años.

El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, afirmó horas antes que no se ha podido ubicar el paradero de las dos personas de nacionalidad venezolana con las que hay órdenes de detención pendiente.

Un tercer sospechoso, un joven venezolano de 17 años en situación irregular, ya detenido, fue dejado en internación provisoria, que equivale a prisión preventiva para menores, durante los 60 días que el poder judicial estableció para la investigación.