La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno.
EL SALVADOR.- Con 59 votos a favor la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción, que fue propuesta del presidente de la República, Nayib Bukele. Esta normativa tiene como propósito prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
“Esta Ley Anticorrupción cierra el ciclo de los corruptos y de los corruptores. Un ciclo en el que siempre hubo un sistema en el que se le daba todos los espacios. Porque hay que entender que un corrupto siempre protege a otro corrupto y con esto esta asamblea está dando un mensaje claro de que nosotros vamos a romper con ese sistema para siempre”, declaró el diputado Christian Guevara.
Agregó: “Pero vean la importancia de que el pueblo salvadoreño le ha dado la herramienta a través de la bancada cian y a sus aliados para lograr estos cambios, otro presidente jamás lo hubiera propuesto. Y con otra legislatura jamás de los jamases hubiera pasado. Hubiera sido engavetada como tantas leyes que durmieron en el sueño de la esperanza”.
“Así que un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, que se fueron a Nicaragua, que están en Italia o en Alemania, porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo largo de la ley y jamás van a poder derrotar al tiempo”, dijo el legislador.
Se actualiza las disposiciones sobre la determinación del patrimonio, estableciendo de manera articulada la colaboración entre las diversas instituciones estatales y se promueve la cultura de la información para una efectiva contraloría social con el fin de lograr una mayor integridad en la función pública.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ante la mesa de trabajo.
El Sistema estará integrado por 12 instituciones públicas: La Fiscalía General de la República (FGR), el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el órgano Judicial, el ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros (CNR), el ministerio de Obras Públicas y de Transportes (MOPT), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre los puntos más relevantes de la ley:
Obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares.
Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende serán de carácter público.
Endurecer las penas para los delitos de corrupción y la creación de una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar a los testaferros (a los prestanombres).
Además, para perseguir a los corruptos desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Creación de un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR y este instituto contará con ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía. Tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato.
