Nicolás Maduro ordenó la salida del personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otorgándoles un plazo de 72 horas.
VENEZUELA.- Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay expresaron su preocupación ante la detención arbitraria de la activista Rocío San Miguel y la expulsión del personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, exigiendo su inmediata liberación y la restitución del estado de derecho.
“Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”, dice el comunicado.
Rocío del Carmen San Miguel Sosa es una ciudadana venezolano-española, de 57 años, de profesión abogada con especialización en Derecho y política Internacional. También es magíster en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).
Se desempeña como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, organismo especializado en temas de seguridad y defensa de la nación.
San Miguel actualmente permanece detenida desde el 9 de febrero por las autoridades venezolanas en la sede SEBIN-Helicoide en Caracas. Rocío San Miguel y Alejandro González, su expareja, fueron acusados por la Fiscalía de Venezuela de supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, lo cual fue rechazado por su defensa.
Agregan en el comunicado: “De igual manera, rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
Este día, se conoció que Nicolás Maduro ordenó la salida del personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otorgándoles un plazo de 72 horas para dejar el país, en un movimiento que vaticina un incremento de la represión y persecución política.
