Ya que consideran que reduce “la participación ciudadana en la conducción del Estado”.
EL SALVADOR.- A través de un comunicado, este martes 18 de febrero, FESPAD aseguró que la reforma constitucional que elimina el artículo 210 de la Constitución de la República, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, forma parte de la “tendencia a reducir la participación ciudadana en la conducción del Estado”.
FESPAD considera la eliminación de la llamada “deuda política”, si bien puede interpretarse como una medida de austeridad, “plantea serias implicaciones para el sistema político salvadoreño”.
Mencionando que el financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones.
FESPAD dice que, al suprimir este financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, “lo que podría distorsionar aún más la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común”.
Enfatizando en que esa medida, además, desestimula la organización de la ciudadanía en partidos políticos para participar en asuntos públicos.
“La supresión del financiamiento público a los partidos políticos tiene un impacto directo en su capacidad para ejercer su función mediadora entre la ciudadanía y el Estado. Los partidos políticos, en una democracia representativa, no solo canalizan las demandas ciudadanas hacia las instituciones del
Estado, sino que también estructuran el debate político, articulan programas de gobierno y facilitan
la participación electoral de sectores diversos de la población. Además, promueven el pluralismo
político e ideológico que toda democracia debería conservar”, según el comunicado de FESPAD.
Y agrega que, con la eliminación de la deuda política, se limita el acceso equitativo a recursos que permiten a los partidos representar genuinamente a sus bases y desarrollar agendas políticas que respondan a intereses colectivos, no solo a los de sectores económicamente privilegiados.
“Lo anterior es aún más cuestionable si se toma en cuenta el mecanismo expedito e inconsulto con que se ha hecho, excluyendo a la ciudadanía del debate de un aspecto tan crucial para la vida del país”, expresa FESPAD.
Además, expone que la combinación de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la utilización de “mecanismos expeditos para reformar la Constitución sienta un precedente peligroso”.
Aseverando que “estas acciones se suman a la concentración del poder que se viene experimentando desde 2021, debilitando los contrapesos institucionales y erosionando el sistema de representación democrática”.
